Nuevos nombre aparecen en el Caso Pantalla

El sistema judicial ecuatoriano enfrenta una de las peores crisis de su historia, marcada por una creciente lista de denuncias de corrupción que involucran a altos magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y al Consejo de la Judicatura (CJ). Estos casos no solo exponen la podredumbre institucional, sino que también confirman cómo el poder político y económico ha penetrado profundamente en la justicia, consolidando privilegios para unos pocos en detrimento del pueblo.

El caso Pantalla, que investiga irregularidades en el concurso de jueces nacionales de 2023, ha puesto en evidencia el modus operandi de Wilman Terán, expresidente del CJ. Testimonios de excolaboradores señalan que Terán utilizaba su influencia para manipular concursos y beneficiar a aliados estratégicos.

Entre los nombres mencionados están jueces nacionales aún en funciones como David Jacho, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo, quienes presuntamente recibieron exámenes con respuestas previamente filtradas. Además, Terán habría negociado directamente con Luis Rivera para extender el período de los jueces penales y conformar un tribunal afín que favorezca intereses políticos específicos, como el retorno del expresidente Rafael Correa.

Otros casos recientes refuerzan la sospecha de que la justicia en Ecuador ha sido convertida en un instrumento de negocios oscuros y acuerdos bajo la mesa. Byron Guillén, exjuez nacional, aparece implicado en al menos tres casos de corrupción judicial, desde recibir favores sexuales hasta cobrar sobornos millonarios.

Por su parte, Iván Saquicela, expresidente de la CNJ y actual candidato presidencial, fue señalado por recibir USD 30.000 para favorecer a una empresa china en un litigio con el Ministerio de Educación. Estos hechos no solo ponen en entredicho su candidatura, sino que muestran cómo figuras políticas y judiciales han capitalizado la impunidad como un recurso habitual.

Desde esta tribuna, levantamos la voz en contra de este entramado de corrupción que perpetúa la desigualdad y el abuso de poder. La justicia ecuatoriana no puede seguir siendo un instrumento para proteger a las élites mientras criminaliza la lucha popular y persigue a los sectores que buscan el cambio.

Es urgente una reforma integral que elimine las redes de corrupción, garantice la independencia de la justicia y coloque al servicio del pueblo las instituciones judiciales. Este es un llamado a movilizarnos, exigir respuestas y luchar por una justicia que no sea cómplice del poder, sino garante de los derechos del pueblo ecuatoriano.