Noboa celebra cifras de inclusión en una realidad diferente

En un acto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente Daniel Noboa proclamó avances en inclusión educativa, señalando que más de 50.000 niñas y niños con discapacidad están matriculados en el sistema educativo nacional. Según el mandatario, estas cifras reflejan un progreso significativo hacia la igualdad, respaldado por 7.800 escuelas inclusivas y 135 centros especializados. “Esto no es una opción, es un derecho que transforma vidas”, afirmó con entusiasmo.

Sin embargo, detrás de las cifras oficiales, la realidad es otra. Familias y organizaciones denuncian que el discurso gubernamental es solo una fachada que oculta un sistema educativo plagado de carencias estructurales. «Las escuelas no tienen lo necesario para que nuestros hijos realmente aprendan», reclamó Ana Rojas, madre de un estudiante con discapacidad. Entre las principales falencias señaladas están la falta de materiales adaptados, infraestructura accesible y personal docente capacitado para atender las necesidades de esta población vulnerable.

Desde una perspectiva crítica, las cifras presentadas por el gobierno no reflejan el estado real de la inclusión. Más allá de los números, lo que predomina es un abandono sistemático del sistema educativo, en especial en las áreas rurales y zonas empobrecidas. Para muchas familias, la «inclusión» se queda en el papel, mientras enfrentan barreras que perpetúan las desigualdades.

El gobierno de Noboa parece priorizar el maquillaje estadístico sobre las soluciones reales. Mientras celebra sus supuestos logros, las demandas de las familias caen en el vacío, reforzando un sistema que perpetúa las exclusiones. Para un sector progresista, estas acciones demuestran que la lucha por una educación digna y accesible para todas y todos sigue siendo un pendiente en la agenda de justicia social.

El camino hacia la verdadera inclusión no se mide en cifras aisladas, sino en el impacto tangible en la vida de las comunidades. Las familias lo tienen claro: no quieren discursos, quieren derechos garantizados.