Médicos posgradistas denuncian vulneración de derechos laborales y constitucionales

Quito, Ecuador.– Médicas y médicos posgradistas del país enfrentan una situación de precarización laboral tras la emisión del Acuerdo Ministerial N.º 00026-2025 del Ministerio de Salud Pública, norma que establece un régimen de estipendio que excluye a quienes ya se encontraban cursando programas de especialización antes de su entrada en vigencia.

La medida ha sido impugnada por la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas (ASEMP) mediante una acción pública de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional. En la demanda se sostiene que el acuerdo vulnera principios fundamentales como la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo digno, la progresividad de derechos y la seguridad jurídica, al crear un trato diferenciado injustificado entre médicos que cumplen funciones asistenciales equivalentes dentro del sistema público de salud.

De acuerdo con la acción presentada, los médicos posgradistas realizan jornadas extensas, atienden pacientes de manera directa, cumplen responsabilidades clínicas y administrativas, reciben órdenes jerárquicas y sostienen una parte significativa de la atención hospitalaria del país. Pese a ello, son considerados formalmente como “estudiantes”, figura que ha sido utilizada para negarles derechos laborales básicos como una remuneración justa, estabilidad, beneficios sociales y garantías plenas de seguridad social.

La demanda advierte que aproximadamente el 60 % de los médicos del sistema público de salud son posgradistas, lo que evidencia el impacto estructural de esta situación no solo en los profesionales afectados, sino en el funcionamiento mismo del sistema sanitario. Además, se cuestiona que el acuerdo no contemple un régimen transitorio que garantice condiciones equitativas para quienes ya estaban en formación, generando incertidumbre jurídica y profundizando la desigualdad.

Diversos sectores han señalado que la precarización de los médicos en formación debilita la calidad del servicio público de salud y contradice estándares constitucionales y jurisprudenciales que reconocen el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades contractuales.

En este contexto, se plantea la necesidad de una revisión integral de la normativa vigente y de políticas públicas que reconozcan el carácter laboral de las funciones que cumplen los médicos posgradistas, garantizando condiciones dignas y equitativas para quienes sostienen, día a día, la atención en los hospitales del país.