La Unión Nacional de Educadores denuncia presiones políticas a docentes
La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha emitido un comunicado denunciando la presión y chantaje ejercidos sobre docentes con nombramientos provisionales y contratos ocasionales en varias provincias del país, este 21 de mayo del 2024. Según la UNE, se han recibido múltiples mensajes a través de WhatsApp, convocando a los docentes a reuniones obligatorias bajo el pretexto de suscribir contratos, pero con el objetivo oculto de asegurar apoyo político al Gobierno. Los mensajes indican que la Dirección Distrital solicita a los rectores y coordinadores de las instituciones educativas convocar a los docentes a una reunión de trabajo para firmar contratos y recibir copias pertinentes, especificando que la asistencia es obligatoria. En estas reuniones, programadas para el 21 de mayo de 2024 a las 15:00 en el salón auditorio del Distrito, se informa a los docentes que, para asegurar sus nombramientos, deben apoyar al Gobierno y asistir a la movilización «Juntos con Nuestro Presidente» el 24 de mayo de 2024 en Quito.
La UNE denuncia que esta práctica viola la Constitución, las sentencias de la Corte Constitucional, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya que obliga a los docentes a participar en actos políticos bajo amenazas. Además, la UNE destaca la crisis en el sector educativo, con una pérdida de 24,934 docentes en los últimos cinco años y una insuficiente reposición de plazas. El último concurso de méritos y oposición ofreció 839 plazas, pero solo se asignaron 511, y apenas se han destinado 300 partidas para el próximo concurso, limitado a tres especialidades. La denuncia subraya que las convocatorias a reuniones para firmar contratos son un aprovechamiento de la necesidad laboral de los docentes, quienes constituyen el 31.04% del magisterio bajo contrato y el 0.11% bajo otra relación laboral. La UNE concluye que estas prácticas reflejan una política educativa basada en el chantaje y control, en lugar de garantizar estabilidad laboral y mejorar la calidad educativa en el país.
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