En cadena nacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, alarmó al país al anunciar el descubrimiento de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera norte, específicamente en zonas próximas a la Amazonía. Sin embargo, la afirmación ha sido cuestionada rápidamente por autoridades locales, pobladores y campesinos de la región, quienes aseguran que la situación es distinta de la expuesta en el mensaje presidencial.
En la provincia de Sucumbíos, epicentro del supuesto hallazgo, el desconcierto ha sido notable. Habitantes y agricultores locales sostienen que en la zona solo existen pequeños cultivos y rechazan la afirmación de Noboa. Un campesino de la región, que pidió anonimato, declaró: “La noticia no se corresponde con lo que realmente estamos viviendo aquí”. Además, agregó que la complejidad geográfica y el difícil acceso han dificultado históricamente el control efectivo de estos territorios.
La selva amazónica ecuatoriana, conocida por su densidad y vastedad, presenta desafíos significativos para la supervisión. Aunque la tecnología GPS ha facilitado ciertos rastreos, acceder a todas las áreas es casi imposible. En este contexto, el Centro de Mantenimiento Fluvial (Cemaflu), con sede en Orellana y operando desde 2009, juega un papel crucial en el monitoreo fluvial. A pesar de su apoyo logístico y de las patrullas regulares, no se han encontrado indicios que respalden el anuncio del presidente.
La declaración presidencial ha encendido además el debate sobre la efectividad de las políticas de lucha contra el narcotráfico y el control fronterizo en Ecuador. Para algunos analistas, la falta de resultados tangibles refleja posibles problemas de ineficiencia y descoordinación entre instituciones del Estado, que, según observaciones, se han enfocado en anuncios mediáticos en lugar de implementar acciones concretas y coordinadas en la zona.
Con la confusión y las críticas en aumento, el anuncio de Noboa enfrenta un escepticismo generalizado que pone en duda tanto la precisión de la información como la eficacia de las políticas de seguridad fronteriza y antinarcóticos del gobierno.
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