La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ha decidido extinguir el título habilitante de Cable Andino Corpandino, proveedor del servicio de cable submarino en Ecuador. Esta medida ha generado indignación en sectores clave, pues amenaza con desestabilizar uno de los servicios esenciales en un país que ya enfrenta problemas de conectividad y brechas digitales.

Telconet denuncia arbitrariedad y politización
La empresa Telconet Latam, que depende de Cable Andino para garantizar la conectividad de gran parte del país, calificó la resolución de «ilegítima e ilegal». Según Telconet, Arcotel no permitió que el proveedor ejerciera su derecho a la defensa, lo que pone en evidencia las prácticas autoritarias de las instituciones del Estado. La compañía también advirtió sobre la inexperiencia técnica del Gobierno para gestionar una infraestructura tan delicada como los cables submarinos.

«La administración estatal de estos servicios, sin preparación adecuada, pone en peligro el desarrollo tecnológico del país y el acceso al internet de miles de ciudadanos», enfatizó Telconet en un comunicado.

Arcotel justifica la decisión con argumentos dudosos
Por su parte, Arcotel aseguró que la decisión se basa en supuestas irregularidades detectadas en la concesión otorgada a Cable Andino en 2015. Entre estas, se incluyen la falta de una garantía de fiel cumplimiento y problemas financieros. Sin embargo, no se han presentado pruebas concluyentes sobre cómo estas presuntas irregularidades impactaron directamente en el servicio.

Además, la agencia prometió garantizar la continuidad del internet durante el proceso de reversión de bienes, que podría extenderse hasta un año. Sin embargo, expertos cuestionan si el Estado realmente tiene la capacidad técnica para cumplir esta promesa.

¿Un trasfondo político?
Desde la óptica de sectores progresistas, esta resolución no puede ser entendida sin considerar un contexto político. El Gobierno de Daniel Noboa ha priorizado medidas que consolidan el poder estatal, mientras los servicios públicos sufren abandono y falta de inversión. Ahora, en lugar de fortalecer alianzas público-privadas que beneficien a la ciudadanía, parece optar por decisiones unilaterales que generan más incertidumbre que soluciones.

Impacto en la ciudadanía
La inhabilitación de Cable Andino no solo afecta a Telconet, sino a miles de ecuatorianos que dependen del internet para trabajar, estudiar y acceder a servicios básicos. En un país con enormes desigualdades digitales, cualquier interrupción podría exacerbar las brechas sociales.

La medida adoptada por Arcotel deja al descubierto una peligrosa mezcla de improvisación y politización que puede comprometer el futuro tecnológico de Ecuador. Ante este escenario, las preguntas son claras: ¿Quiénes realmente se benefician de estas decisiones? ¿Y qué costo tendrán para la población?