Familiares de periodistas asesinados del Comercio denuncian mutilación de documentos desclasificados y falta de acción del Gobierno

El pasado 17 de mayo de 2024, Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, expuso ante los medios el contenido de los documentos desclasificados por el actual Gobierno, según lo dispuesto por una sentencia de la Corte Constitucional. En una conferencia de prensa, Rivas reveló que las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) entregadas a los familiares de los periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, secuestrados y asesinados en 2018, estaban incompletas y mutiladas.

Ricardo Rivas detalló el contenido de las actas 18 del 28 de marzo de 2018, 19 del 13 de abril de 2018, y 20 del 17 de abril de 2018, así como los audios, transcripciones y la lista de integrantes de las sesiones del Cosepe relacionadas con el caso. Además, denunció inconsistencias en la información, como la hora real del secuestro del equipo de El Comercio. También cuestionó la falta de decisiones para salvar la vida de los periodistas. “No hicieron nada”, enfatizó Rivas.

El 9 de mayo de 2024, los parientes de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra recibieron las actas desclasificadas del Cosepe en el Palacio de Carondelet. El Gobierno entregó 39 hojas y un CD. Sin embargo, Rivas destacó que la documentación entregada presentaba cortes significativos bajo el pretexto de razones de seguridad nacional. Los documentos contenían partes de conversaciones mantenidas por los integrantes del Cosepe durante el secuestro y asesinato de los comunicadores, pero los diálogos estaban incompletos, careciendo de sentido y de información crucial. Además, las páginas mostraban saltos y los documentos estaban sin firmas, lo que incrementó la sospecha de manipulación. Parte del contenido también carecía de identificación clara de los interlocutores.
Rivas también desmintió que las familias hubieran sido informadas sobre una posibilidad de rescate, tal como mencionaban las actas. “Nos vieron la cara. Eso ya lo sabíamos, pero ahora lo comprobamos, y se reunían a nuestras espaldas”, dijo Rivas, al referirse a las reuniones del Comité de Crisis que trató el caso de Nos Faltan 3.
En el video difundido donde aparecían encadenados, el periodista Javier Ortega dijo que sus vidas estaban en manos de Lenín Moreno, entonces presidente de Ecuador. Javier, Paúl y Efraín fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018; el 13 de abril, Moreno confirmó su asesinato a manos del Frente Oliver Sinisterra. No obstante, según Rivas, los documentos revelaron que el Gobierno sabía del asesinato antes de hacerlo público.
La entrega de los documentos desclasificados se realizó tras una sentencia de la Corte Constitucional el 4 de abril de 2024. Sin embargo, en los documentos desclasificados, los familiares encontraron hojas y otros elementos faltantes. Además, en los audios recibidos se escuchan intervenciones en segundo plano que no constan en las actas. La sentencia de la Corte Constitucional no se ha cumplido plenamente, ya que faltan firmas de los participantes en las reuniones.

“Hay información importante que no se nos ha dado, que sigue siendo ocultada. Queremos saber toda la verdad, no partes manipuladas de ella”, declaró Rivas durante la conferencia.
Ricardo Rivas informó que el 10 de mayo solicitó una reunión con autoridades del Ministerio del Interior y aún no ha recibido una respuesta. Especificó que no están en contra de ningún Gobierno, sino que buscan verdad y justicia.
“No nos detendremos hasta que se sepa toda la verdad. Las vidas de Paúl, Javier y Efraín merecen justicia y transparencia. Esto no se trata de política, se trata de derechos humanos”, subrayó Rivas.
Queda la duda de si las actas son reales, fueron adaptadas, cortadas o ampliadas. También quedó claro que al Gobierno de turno le preocupó más la imagen en los medios que salvar la vida de Paúl, Javier y Efraín. A pesar de las promesas de transparencia y justicia, el gobierno de Daniel Noboa no ha tomado medidas efectivas para esclarecer el caso ni para proporcionar información completa y veraz a los familiares de las víctimas.