Entrega del Campo Sacha a Empresas Extranjeras: Un Peligro para el Patrimonio Nacional

La concesión directa del Campo Sacha, uno de los activos más valiosos de Ecuador, ha generado una fuerte oposición por parte de diversos colectivos sociales y organizaciones sindicales, como la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP). Este polémico acuerdo, que no pasó por licitación pública, ha sido entregado a un consorcio internacional encabezado por la empresa china Sinopec y la canadiense New Estratus Energy, lo cual ha desatado acusaciones de traición a los intereses nacionales.

Ubicado en la provincia amazónica de Orellana, el Campo Sacha ha sido un pilar fundamental en la producción petrolera del país desde su inauguración en 1972. Con una capacidad de producción de 77,000 barriles diarios, el campo representa el 16% de la producción nacional de crudo, siendo este de alta calidad debido a su tipo Oriente y un grado API de 28, considerado uno de los más codiciados en la industria.

La concesión propuesta por el gobierno de Daniel Noboa ha generado un intenso debate. El pago anticipado de USD 1,500 millones que se ofrecería a Ecuador por la venta del campo, a cambio de entregar el control de este activo estratégico, no garantiza beneficios a largo plazo para el país. Expertos en energía alertan que, si bien el consorcio se quedaría con el 20% de la producción, el 80% sería destinado al Estado. Sin embargo, los detractores de este acuerdo aseguran que la verdadera pérdida se dará a futuro, con un estimado de $1,000 millones en pérdidas en los próximos 20 años.

El consorcio, integrado por Sinopec y New Estratus, propone un contrato de participación de 20 años, en el que se quedaría con el 20% de la producción de petróleo, mientras que el 80% sería para el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el acuerdo ha sido duramente criticado, ya que expertos aseguran que el país no obtendría los beneficios económicos esperados a largo plazo y perdería soberanía energética.

Ante esta situación, diversos colectivos y organizaciones sociales han exigido que se detenga la concesión directa y que, en su lugar, se realice una licitación pública internacional para determinar si esta opción es verdaderamente la mejor para los intereses de los ecuatorianos. El Grupo de Transformación Energética, compuesto por expertos en el sector, ha señalado que esta decisión, tomada sin concurso, podría no ser la opción más beneficiosa para el país.

Posicionamiento Legal del Gobierno: Defensa de la Adjudicación Directa

El Ministerio de Energía, liderado por Inés Manzano, ha defendido la concesión directa del Campo Sacha, argumentando que está respaldada por los artículos 2 y 19 de la Ley de Hidrocarburos, que permiten la adjudicación a empresas nacionales o extranjeras con probada experiencia, especialmente cuando se trata de empresas estatales. Según el Ministerio, la adjudicación no requiere licitación pública en estos casos específicos.

El artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos establece que el Estado puede delegar la operación de campos petroleros a empresas con capacidad técnica y económica probada mediante contratos de participación, donde las empresas asumen el riesgo de la operación. Por su parte, el artículo 19 permite firmar estos contratos sin concurso cuando se trata de empresas estatales. Con base en estos artículos, el gobierno autorizó al Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas la evaluación de la propuesta del consorcio extranjero.

Conflicto Jurídico: La Inconstitucionalidad del Artículo 2

Sin embargo, la ANTEP ha cuestionado la base legal del acuerdo, señalando que el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos fue reformado durante el gobierno de Guillermo Lasso y fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en octubre de 2022. Según los trabajadores petroleros, este fallo aún no ha sido acatado, lo que los llevó a presentar una acción por incumplimiento ante la misma Corte.

El conflicto legal se originó cuando el gobierno de Lasso promovió reformas para incentivar la inversión privada en el sector petrolero. No obstante, estas reformas, que incluían el artículo 2, fueron anuladas por la Corte Constitucional. A pesar de esta sentencia, la ANTEP sostiene que la reforma sigue siendo aplicada de manera irregular, lo que ha generado aún más tensiones en torno a la concesión del Campo Sacha.

En medio de este conflicto, los trabajadores de Petroecuador y diversas organizaciones han hecho un llamado a la unidad para defender el control sobre uno de los recursos más valiosos del país, exigiendo transparencia en las decisiones gubernamentales y un proceso que asegure el bienestar de los ecuatorianos a largo plazo. La venta del Campo Sacha, por tanto, no solo está en el centro de un debate político y económico, sino también en un enfrentamiento legal que podría definir el futuro del sector petrolero de Ecuador.