La Contraloría General del Estado ha comenzado una verificación preliminar sobre tres contratos por un total de 7,5 millones de dólares, adjudicados por el gobierno del presidente Daniel Noboa para la realización de propaganda comunicacional. La decisión de iniciar este proceso se toma luego de una denuncia presentada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), que en octubre solicitó a la Contraloría realizar un examen especial sobre los contratos, sospechando de posibles irregularidades.

La UNE señaló que los contratos fueron firmados entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 bajo un procedimiento de régimen especial. Según el gremio, los fondos asignados se habrían utilizado para la compra de herramientas e instrumentos de comunicación, además de pautas de propaganda electoral, lo que podría constituir un uso inapropiado de recursos públicos con fines políticos.

La verificación preliminar, que no es más que una revisión inicial de la documentación, tiene como objetivo identificar si hay razones suficientes para sospechar de alguna irregularidad. Si se encuentran indicios de mala gestión o fraude, la Contraloría podría proceder con un examen especial más detallado.

El 15 de noviembre, la UNE recibió una notificación oficial de la Contraloría en la que se informaba que la Subcontraloría de Auditoría había ordenado que la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central realizara esta revisión preliminar. Este es el primer paso en una posible investigación más profunda, que podría tener implicaciones serias para la administración de Noboa si se confirma el mal uso de los fondos asignados.

La denuncia se centra en la preocupación de que los contratos de publicidad podrían haber favorecido el posicionamiento político del presidente en un período electoral, algo que la UNE considera inadecuado dado el contexto y la legalidad del uso de recursos públicos.

La Contraloría tiene la responsabilidad de garantizar la transparencia en la gestión de los fondos del Estado, especialmente en tiempos electorales, donde las fronteras entre propaganda gubernamental y campaña electoral pueden volverse difusas. La verificación preliminar es solo el inicio de un proceso que podría arrojar más información sobre el uso de estos contratos y la legalidad de las transacciones realizadas.

Este proceso de revisión ha despertado un intenso debate en la opinión pública, con llamados a una mayor transparencia y control en el manejo de los recursos del Estado para evitar cualquier tipo de abuso que pudiera influir en los resultados electorales.