El pasado 28 de noviembre, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, abordó la problemática de la crisis de agua que aqueja a la ciudad, en un contexto donde los efectos del cambio climático y la falta de políticas estructurales agravan la situación. Aunque las lluvias recientes lograron normalizar el caudal de dos de los cuatro ríos principales, los otros dos permanecen en niveles preocupantemente bajos, evidenciando un deterioro ambiental sostenido durante años.
Zamora resaltó la importancia de la planta de agua de Tixán para paliar la emergencia, pero instó a la ciudadanía a continuar con el ahorro. Asimismo, anunció un plan de reforestación destinado a recuperar áreas afectadas por incendios forestales y evitar futuras crisis. Sin embargo, estas iniciativas, aunque necesarias, resultan insuficientes frente a las raíces profundas del problema.
La crisis hídrica no afecta por igual a todos. Mientras la población cumple con medidas de ahorro, grandes industrias y proyectos extractivistas siguen operando sin asumir su responsabilidad ambiental. Este desequilibrio deja en evidencia un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias de unos pocos sobre el bienestar colectivo.
Desde una mirada crítica, la situación en Cuenca refleja la urgente necesidad de replantear la gestión de los recursos naturales. El agua, como derecho humano fundamental, no puede seguir siendo tratada como mercancía ni depender únicamente de factores climáticos. Es necesario exigir políticas que garanticen una distribución equitativa y sostenible, priorizando el bienestar de las comunidades y la conservación de la naturaleza frente a los intereses corporativos.
La crisis actual debe convertirse en un punto de inflexión para Cuenca y el país. Solo con acciones profundas, justicia ambiental y un cambio de paradigma será posible garantizar el acceso al agua para las generaciones presentes y futuras.
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