El Sindicato Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) ha convocado una huelga nacional los días 28 y 29 de agosto en protesta por lo que califican como un incumplimiento del gobierno en la asignación presupuestaria para el sector educativo. La principal exigencia del gremio es que se destine el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, tal como lo establece la legislación vigente en Costa Rica.

La huelga,  busca llamar la atención del gobierno del presidente Rodrigo Chaves, quien ha enfrentado críticas por su enfoque hacia la financiación de la educación. Los líderes sindicales afirman que el gobierno ha hecho recortes en áreas clave del sistema educativo, comprometiendo la calidad de la educación pública y violando los derechos fundamentales de los estudiantes.

Según ANDE, la ley que establece que el 8% del PIB debe destinarse a la educación no se ha cumplido adecuadamente en los últimos años, y temen que el presupuesto de 2025 podría continuar con esta tendencia. «La educación es la base del desarrollo de nuestro país, y no podemos permitir que se recorte un centavo más de lo que ya se ha perdido», declaró Gilberto Cascante, presidente de ANDE.

Además de la defensa del presupuesto, el sindicato también ha expresado preocupación por las políticas educativas del gobierno, que, según ellos, han generado incertidumbre y precariedad laboral entre los docentes. La ministra de Educación, Pilar Álvarez, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los educadores, quienes la acusan de implementar medidas que priorizan la austeridad sobre la calidad educativa.

El gobierno, por su parte, ha respondido a las demandas del sindicato señalando que se encuentran en un contexto económico complicado, donde la contención del gasto es necesaria. Sin embargo, aseguran que están trabajando en un plan para aumentar gradualmente la inversión en educación.

La huelga ha recibido el apoyo de otros sindicatos y organizaciones estudiantiles, quienes planean marchas y concentraciones en las principales ciudades del país durante los dos días de protesta. La sociedad costarricense se mantiene dividida, con algunos apoyando la medida como un paso necesario para garantizar una educación de calidad, mientras otros la ven como una acción que podría afectar la recuperación económica del país.

Se espera que las negociaciones entre el gobierno y los líderes sindicales se intensifiquen en los próximos días, mientras ambos buscan evitar una confrontación que podría tener repercusiones significativas en el ámbito social y político de Costa Rica.