Reforma al financiamiento político ¿transparencia o privatización de la democracia?

El pasado 21 de noviembre de 2024, la Corte Constitucional emitió su dictamen favorable sobre la controvertida reforma del presidente Daniel Noboa para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Con una votación dividida entre sus jueces, esta decisión abre la puerta a un cambio estructural que podría transformar profundamente la dinámica democrática del país.

El Ejecutivo ha celebrado la resolución como un paso hacia la transparencia y la eficiencia fiscal. Según el Ministerio de Gobierno, los recursos ahorrados se destinarán a sectores críticos como salud, educación y seguridad, aunque los críticos cuestionan la viabilidad y el impacto real de esta redistribución.

La reforma propuesta busca modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución para que los partidos y campañas dependan exclusivamente de financiamiento privado. Este cambio, presentado como una solución al supuesto «mal uso» de fondos públicos, podría tener consecuencias alarmantes: desplazar a los movimientos sociales y fortalecer el control de las élites económicas sobre la política nacional.

En lugar de promover la equidad electoral, la eliminación del financiamiento público amenaza con privatizar el sistema político, favoreciendo a quienes cuentan con grandes fortunas o respaldo corporativo. Esto pone en riesgo la pluralidad y la representación de los sectores populares, que históricamente han dependido de estos recursos para hacer frente a los poderosos intereses económicos.

La decisión de la Corte estuvo lejos de ser unánime. Mientras cinco jueces, entre ellos Karla Andrade y Enrique Herrería, respaldaron la propuesta, otros cuatro, como Alejandra Cárdenas y Alí Lozada, expresaron serias objeciones. Esta división refleja la controversia que rodea una reforma que podría socavar la democracia en lugar de fortalecerla.

El presidente Noboa, sin embargo, no pierde tiempo. El Ministerio de Gobierno ha anunciado que la iniciativa será enviada de inmediato a la Asamblea Nacional, exigiendo «celeridad» en su tramitación. El proceso legislativo incluirá dos debates y culminará en un plebiscito que, según los plazos constitucionales, podría extenderse hasta finales de 2025.

Ecuador enfrenta una triple crisis marcada por la inseguridad, la falta de energía eléctrica y una economía debilitada. En este contexto, priorizar reformas que restringen la participación política parece un movimiento desconectado de las urgencias reales del país. La insistencia en modificar la Constitución para desmantelar el financiamiento público a los partidos desvía la atención de los problemas estructurales y concentra aún más poder en manos de quienes ya controlan los recursos económicos.

La propuesta de Noboa se presenta como una solución, pero su trasfondo plantea una amenaza seria a la democracia ecuatoriana. De aprobarse, esta reforma consolidaría un sistema político al servicio del dinero, excluyendo a las mayorías y perpetuando la desigualdad.

El pueblo ecuatoriano enfrenta ahora un desafío crucial: defender un modelo democrático inclusivo o permitir que el poder económico dicte las reglas del juego político. La lucha por una verdadera representación popular está en juego, y las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro político del país.