El proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia se encuentra en medio de una tormenta de críticas y sospechas de manipulación, en lo que muchos consideran un intento descarado por parte de diversos grupos de poder para controlar el sistema judicial del país.

La controversia estalló tras la contratación de la empresa Métricas-Web S.A.S., encargada de realizar las pruebas de confianza a los postulantes, pese a su limitada experiencia en este tipo de evaluaciones. Las fallas en su trabajo han generado un aluvión de críticas, las cuales, según fuentes cercanas al proceso, están siendo utilizadas por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, como una excusa para retrasar el concurso y así manipular los resultados a favor de sus intereses personales.

Godoy, en un movimiento que ha despertado aún más suspicacias, solicitó recientemente a la Contraloría una auditoría del proceso, argumentando que los resultados de esta definirán el futuro del concurso. Sin embargo, críticos del proceso advierten que esta acción podría ser un simple mecanismo dilatorio para ocultar la verdadera intención: asegurar que los jueces seleccionados sean leales a quienes hoy detentan el poder.

Lo que resulta aún más preocupante son las denuncias de que jueces que han manejado casos clave de corrupción, como el caso Metástasis y el caso Sobornos, han visto sus puntuaciones disminuidas drásticamente en el concurso, mientras que otros postulantes con menor mérito han sido promocionados. Este hecho ha incrementado las sospechas de que las decisiones están siendo manipuladas para favorecer a ciertos candidatos con conexiones políticas o, peor aún, vínculos con organizaciones delictivas.

El interés por controlar la Corte Nacional no se limita únicamente al gobierno de Daniel Noboa y al correísmo. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía sugieren que grupos del narcotráfico también están tratando de influir en el proceso, colocando a sus propios representantes en puestos clave dentro de la Justicia. Estas revelaciones han encendido las alarmas sobre el riesgo de que el sistema judicial del país caiga bajo el control de fuerzas oscuras.

Frente a este sombrío panorama, la demanda por un proceso transparente y justo ha crecido entre diversos sectores de la sociedad civil. Organizaciones de trabajadores y otros grupos conscientes del país han levantado la voz, exigiendo que el concurso se desarrolle sin interferencias y con total integridad. La lucha por preservar la independencia judicial se ha convertido en una bandera crucial en un momento en que el país enfrenta la amenaza real de que la corrupción y el crimen organizado se apoderen del sistema de Justicia.

Mientras tanto, el país se mantiene a la expectativa, observando cómo se desenlaza este complejo proceso que podría definir el futuro de la Justicia en Ecuador.