POSIBLE REFORMA CONSTITUCIONAL SI GANA LA DERECHA

En una jugada que podría cambiar el rumbo institucional del país, el presidente Daniel Noboa anunció su intención de reformar la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008. En caso de ganar la reelección en 2025, Noboa buscaría eliminar organismos clave, como el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un esfuerzo, según él, para “eliminar los amarres políticos” y reducir el Estado a tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial.

La propuesta plantea una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre estos cambios estructurales. Sin embargo, el plan ha generado preocupación en sectores que temen un retroceso en la institucionalidad democrática del país. Desde la izquierda crítica, se cuestiona el impacto de esta reforma en los espacios de participación ciudadana. Aunque el Consejo de Participación Ciudadana ha sido objeto de críticas y no ha estado exento de controversias, también es cierto que su creación representó un intento —aunque imperfecto— de dar a la ciudadanía voz en la selección de autoridades de control.

La eliminación del CNE y del Consejo de Participación implicaría, en la práctica, una centralización de funciones que podría facilitar el control del poder en pocas manos y limitar los contrapesos fundamentales de una democracia representativa. La posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para llevar a cabo estos cambios, en caso de que Noboa gane en 2025, abre una interrogante sobre el futuro de los derechos ciudadanos en Ecuador y el papel de las organizaciones sociales.

Lejos de significar un “adelgazamiento” del Estado, esta reforma podría representar una regresión que reduzca la participación y vigilancia ciudadana sobre quienes ocupan el poder. ¿Es esta una medida para mejorar la eficiencia estatal o un intento de debilitar los mecanismos de control? La respuesta dependerá de si se prioriza una democracia verdaderamente participativa o un modelo institucional menos inclusivo.

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