El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) está al borde de una crisis financiera de proporciones históricas, según un reciente informe actuarial. El estudio, auditado por la firma Risko Actuarios y publicado en junio de 2024, revela que el Fondo de Pensiones, del cual dependen los jubilados del país, acumulará un déficit de USD 7.324 millones para el año 2060.

Esta situación no es nueva, pero lo que agrava el problema es la inacción del gobierno. Pese a las alarmantes cifras, el presidente del IESS, Eduardo Peña, ha decidido no tomar ninguna medida inmediata, postergando cualquier reforma necesaria para el próximo gobierno. Mientras tanto, es el pueblo ecuatoriano quien pagará las consecuencias de esta irresponsabilidad.

El informe señala que el déficit podría aumentar drásticamente a USD 21.103,8 millones si el Estado continúa incumpliendo con su obligación de aportar el 40% al fondo, limitándose a un aporte del 31%. Este incumplimiento del gobierno pone en riesgo la estabilidad de 650.000 pensionistas actuales y de los 50.000 nuevos que se suman cada año.

Rodrigo Ibarra, actuario responsable del estudio, explica que la situación del fondo de pensiones se ha agravado por tres factores principales: la falta de cumplimiento del Estado en sus aportes, el aumento del número de jubilados y la disminución de nuevos afiliados, en parte debido a la crisis de empleo y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido esquiva, dejando que sea la ciudadanía quien cargue con las consecuencias.

El panorama se vuelve aún más sombrío si el Estado decide no aportar nada al IESS. En ese caso, el déficit actuarial podría alcanzar los USD 70.899 millones para 2060, lo que equivale al 57% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta cifra monumental haría imposible el pago de las pensiones, afectando a millones de ecuatorianos que dependen de su jubilación para sobrevivir.

A pesar de estas proyecciones, el presidente del IESS ha descartado cualquier aumento en la edad de jubilación o en la tasa de aporte de los afiliados. Aunque el estudio sugiere un incremento gradual en la tasa de aporte, que actualmente es del 11,06%, y la creación de incentivos para retrasar la jubilación, Peña ha decidido no actuar. Las medidas necesarias para evitar esta crisis han sido postergadas, dejando a la población vulnerable ante el creciente déficit.

Mientras el gobierno mira hacia otro lado, los ecuatorianos se enfrentan a un futuro incierto. Si no se toman medidas pronto, serán los trabajadores y los jubilados quienes pagarán el precio de esta inacción, soportando cargas financieras cada vez más pesadas y viendo cómo sus ahorros para la vejez se desvanecen en un fondo de pensiones en crisis.