Nuevos horarios de cortes de luz para el Ecuador

El gobierno de Daniel Noboa ha confirmado que los apagones continuarán afectando a los hogares ecuatorianos al menos hasta el 10 de noviembre. A pesar de prometer una reducción gradual en los cortes de luz, la realidad es que los sectores más golpeados por esta crisis siguen siendo las familias trabajadoras y las zonas rurales, que dependen de la electricidad para actividades productivas y básicas.

El anuncio, realizado por el presidente Noboa junto a la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, y la ministra de Producción, Sonsoles García, revela que los racionamientos eléctricos, que han alcanzado hasta las 12 horas diarias, seguirán siendo parte del día a día de los ecuatorianos durante tres semanas más. Los cortes se dividirán en dos franjas horarias, y se espera que en la semana del 21 al 27 de octubre, duren 8 horas, para luego reducirse a 6 horas entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, y finalmente a 4 horas hasta el 10 de noviembre.

Esta crisis energética, justificada por el gobierno como la peor sequía en 61 años, expone las carencias de una gestión estatal que no ha sido capaz de anticipar las consecuencias de fenómenos climáticos extremos. A pesar de las promesas de que los cortes de energía disminuirán en las áreas residenciales, la población se enfrenta a un escenario donde los apagones continuos afectan la economía de los más desfavorecidos, mientras sectores empresariales parecen ser menos impactados por la medida.

En respuesta al malestar social, Noboa anunció la suspensión del cobro de las planillas de septiembre, luego de que los usuarios denunciaran aumentos en sus tarifas eléctricas, a pesar de sufrir apagones constantes. Sin embargo, esta medida temporal no aborda la raíz del problema: un sistema eléctrico obsoleto, una gestión ineficiente y una clara falta de inversión en energías alternativas que podrían haber mitigado el impacto de esta sequía.

El peso de la crisis sobre los más vulnerables

Desde una perspectiva crítica, es evidente que las decisiones del gobierno están descargando la mayor parte de la carga sobre los sectores más desprotegidos de la población. Las familias que viven al día, los pequeños agricultores y los trabajadores que dependen de la electricidad para su sustento se ven sumidos en una espiral de pérdidas económicas y precariedad.

La falta de transparencia en el aumento de las tarifas eléctricas, sumada a los apagones, ha generado indignación en todo el país. Las demandas de una auditoría en las facturas de luz y la implementación de una política energética más justa y sostenible siguen sin respuesta por parte del gobierno.

La crisis energética que vive Ecuador no puede ser tratada como una simple consecuencia de la sequía. Es necesario repensar un modelo energético que garantice el acceso equitativo a los recursos, protegiendo a los más vulnerables y promoviendo una transición hacia fuentes de energía renovables.