Nuevo decreto reformula las normativas a la Ley de Comunicación

En un movimiento que ha suscitado serias preocupaciones entre defensores de la libertad de expresión y medios independientes, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 421, que reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Este decreto, que establece un plazo de 60 días para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico, introduce cambios que podrían comprometer la pluralidad y la soberanía informativa del país.

Entre las reformas más controversiales, se destaca la autorización para que personas jurídicas extranjeras puedan ser accionistas de medios de comunicación nacionales, siempre y cuando estén domiciliadas en Ecuador. Esta apertura a la inversión extranjera en el sector de medios es vista con escepticismo, ya que podría permitir que intereses corporativos ajenos al país controlen la narrativa mediática y desplacen voces locales esenciales.

El decreto también redefine qué se considera un medio de comunicación social, incluyendo a los prestadores de servicios de audio y video por suscripción que ofrezcan programación propia. Si bien esta medida busca modernizar el sector, expertos advierten que podría diluir la producción de contenido auténtico y de calidad, favoreciendo a los grandes conglomerados internacionales.

Además, la nueva normativa permite la publicidad de bebidas alcohólicas con un grado alcohólico inferior al 5% en los medios de comunicación, lo que plantea serias inquietudes sobre el impacto en la salud pública y la normalización del consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes.

Aunque el decreto prohíbe la concentración de frecuencias en manos de un solo actor, los analistas subrayan la importancia de que estas disposiciones se implementen de manera efectiva para garantizar un ecosistema mediático diverso y plural. La libertad de pensamiento y expresión se encuentra bajo el foco, y el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación deberá actualizar sus manuales y directrices en un plazo de 60 días, con el fin de alinearlos con estándares internacionales.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y los periodistas independientes han expresado su preocupación por estas reformas, considerando que el acceso a información diversa y veraz es fundamental para una democracia saludable. La comunidad se encuentra en alerta, dispuesta a defender un medio que refleje la riqueza cultural y la pluralidad de voces que caracterizan al Ecuador.

La lucha por la libertad de expresión y un ecosistema mediático inclusivo sigue vigente, y la responsabilidad recae no solo en el gobierno, sino en toda la sociedad ecuatoriana para asegurar que se respeten y se fortalezcan estos derechos fundamentales.