La Penitenciaría del Litoral en Guayaquil continúa siendo un símbolo de la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario ecuatoriano, una crisis que ha sido ignorada y exacerbada por las políticas del gobierno de Daniel Noboa. El pasado 12 de noviembre, una masacre dejó 17 muertos y 15 heridos en un enfrentamiento entre internos, y tan solo 24 horas después, otro episodio de violencia entre reclusos desbordó nuevamente la prisión. Aunque este último no dejó víctimas mortales, el sonido de disparos y explosiones siguió generando pánico en la comunidad, reflejando el clima de inseguridad en que vive el país.

Las causas de esta tragedia son múltiples y evidencian la falta de un enfoque serio por parte del gobierno en cuanto a la reforma penitenciaria. Según testimonios de familiares y fuentes policiales, el monopolio de alimentos dentro de la penitenciaría, donde bandas criminales se disputan el control de la provisión de víveres, ha sido el detonante de las últimas matanzas. En el pabellón 3, que alberga a miembros de al menos cuatro agrupaciones criminales, la falta de acceso equitativo a los alimentos ha generado una tensión insostenible entre los reclusos. Las autoridades, sin embargo, lejos de abordar las raíces del problema, insisten en respuestas militarizadas que, como se ha demostrado, no han dado resultados efectivos.

El 1 de junio de 2024, la empresa encargada del suministro de alimentos suspendió el servicio por falta de pagos por parte del gobierno, lo que agravó la crisis y contribuyó al desabastecimiento que hoy afecta a los internos. La Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones sociales han señalado que esta falta de atención a los derechos fundamentales de los reclusos, junto con la desnutrición y el abandono de la salud dentro de las cárceles, han empeorado la situación.

Mientras tanto, el gobierno de Daniel Noboa, en lugar de implementar políticas públicas que busquen la rehabilitación y reintegración de los presos, ha optado por medidas represivas y de control militar. La intervención de las Fuerzas Armadas, que desde enero de 2024 mantiene el control de 19 cárceles del país, ha demostrado ser una medida temporal e insuficiente para calmar la violencia estructural dentro de las prisiones. Más de 500 muertes entre 2021 y 2023 son un claro indicio de que la militarización no resuelve los problemas de fondo, como el hacinamiento, la falta de programas de rehabilitación y la corrupción interna que perpetúa la violencia.

El gobierno ha sido incapaz de ofrecer soluciones reales y duraderas a los problemas del sistema penitenciario, y en lugar de cumplir con su obligación de garantizar condiciones dignas para los reclusos, continúa priorizando medidas de control que solo agravan la crisis. Este ciclo de violencia y desprotección no solo afecta a los internos, sino también a las comunidades cercanas, que se ven atrapadas en un escenario de inseguridad cada vez más insoportable.

La solución a esta crisis no pasa por respuestas militares ni por medidas represivas. El gobierno debe asumir su responsabilidad y comenzar a implementar una verdadera reforma penitenciaria que no solo busque la seguridad, sino que también garantice los derechos humanos de la población carcelaria. Las políticas de rehabilitación, la mejora en las condiciones de vida y un sistema de justicia que atienda las causas estructurales de la violencia son fundamentales para romper el ciclo de muerte que hoy impera en las cárceles ecuatorianas.