Monica Palencia no tuvo votos necesarios para su destitución

El gobierno de Daniel Noboa vuelve a imponerse en la Asamblea Nacional, esta vez en un tercer intento fallido de juicio político liderado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. El proceso, que culminó el 23 de octubre, no solo terminó con la absolución de Palencia, sino que también evidenció las fracturas internas y la falta de apoyo estratégico del correísmo en su lucha por fiscalizar al gobierno actual.

La sesión estuvo marcada por la presencia inusualmente masiva de ministros y altos funcionarios del gobierno de Noboa, quienes coparon los pasillos y la tribuna, en un claro gesto de respaldo a su ministra. Esta presencia, que fue reclamada por los interpelantes correístas como una «presión indebida», puso de manifiesto el fuerte interés del oficialismo por defender su gestión en temas de seguridad y neutralizar las críticas de la oposición.

El correísmo, representado por Paola Cabezas y Leonardo Berrezueta, intentó atribuir a Palencia la crisis de inseguridad que vive el país, la falta de ejecución del presupuesto en el Ministerio del Interior, y la ausencia de resultados en el Plan Fénix. Sin embargo, el argumento se debilitó notablemente cuando los interpelantes evitaron mencionar uno de los puntos más delicados: la participación de Palencia en la intervención policial en la Embajada de México en abril de 2024, donde se detuvo al exvicepresidente Jorge Glas. Esta omisión no pasó desapercibida, y la propia ministra lo utilizó como parte de su defensa, sugiriendo que el correísmo intentaba evadir el tema por miedo a perder más apoyo.

El movimiento Construye, que se había mantenido indeciso hasta el último momento, finalmente se inclinó por abstenerse en la votación, una decisión que, en términos prácticos, permitió que Palencia permaneciera en su cargo. Jorge Peñafiel, legislador de ese movimiento, argumentó que su postura no apoyaba ni al correísmo ni al gobierno de Noboa, ya que ambos representaban, según él, «lo peor de la política». No obstante, esta abstención fue interpretada como un respaldo al oficialismo, profundizando las críticas del correísmo, que acusó a Construye de haber negociado favores políticos a cambio de salvar a la ministra.

La votación final dejó claro que el correísmo, que necesitaba 92 votos para lograr la censura, no pudo superar los 77, mientras que 40 asambleístas votaron en contra y 17 se abstuvieron. Aunque la bancada socialcristiana (PSC) votó a favor de la censura, lo hizo sin respaldar la narrativa del correísmo sobre la intervención en la Embajada de México, dejando en evidencia las fracturas entre las diversas fuerzas opositoras.

Este tercer fracaso consecutivo en juicios políticos revela una realidad preocupante para la RC: la pérdida de capacidad de maniobra y la dificultad para articular apoyos en un escenario político fragmentado, mientras el gobierno de Noboa continúa ganando terreno y afianzando su control sobre la Asamblea. Mientras tanto, el país sigue sumido en una crisis de inseguridad, con un gobierno más preocupado en su propia sobrevivencia que en resolver los problemas urgentes que afectan a la ciudadanía.

Desde la izquierda, el cuestionamiento a este proceso se centra en una crítica más profunda: ¿quién está realmente fiscalizando el poder en un sistema donde los juicios políticos se han vuelto una herramienta de cálculo político y no de justicia social?