Más de 10 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego entre Loja y Cuenca

Miles de hectáreas de bosques en Loja y Azuay han sido consumidas por incendios forestales, reflejo de la histórica desatención estatal hacia la conservación ambiental y la protección de las comunidades más vulnerables. Mientras el gobierno intenta contener la crisis con medidas tardías, las consecuencias devastadoras para la biodiversidad, la salud pública y los medios de vida de cientos de familias ponen de manifiesto la urgente necesidad de un cambio en las políticas ambientales del país.

En Loja, los incendios han arrasado con más de 8.900 hectáreas desde inicios de noviembre, con San Pedro de Vilcabamba, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, como el área más afectada. Los esfuerzos de bomberos y militares han logrado contener parcialmente el avance del fuego, pero 14 de los 23 incendios registrados siguen activos, agravando la crisis.

Ante la mala calidad del aire, producto del humo y las partículas, las autoridades han suspendido las clases presenciales en toda la provincia, dejando en evidencia la precariedad del sistema de respuesta estatal. Esta medida, aunque necesaria, apenas mitiga las condiciones de insalubridad y riesgo en las que sobreviven las comunidades locales.

Azuay no ha escapado a esta tragedia ambiental. Desde el inicio del mes, los incendios han destruido 3.646 hectáreas, con sectores como el Parque Nacional Cajas severamente afectados. Los focos de incendio en áreas rurales han dejado a las comunidades en la incertidumbre, mientras los esfuerzos gubernamentales parecen insuficientes frente a la magnitud de la emergencia.

Las autoridades han señalado la posible responsabilidad de actores humanos en estos incendios, calificándolos como actos terroristas contra la naturaleza. Sin embargo, esta narrativa desvía la atención de un problema más profundo: la falta de políticas públicas sólidas para prevenir y mitigar estos desastres.

La ausencia de un sistema de alerta temprana efectivo, sumada al limitado presupuesto destinado a conservación y educación ambiental, demuestra el abandono crónico de los territorios que sostienen la biodiversidad del país. Las comunidades rurales, las más afectadas, no solo enfrentan la destrucción de sus entornos, sino también la indiferencia de un modelo económico que prioriza el extractivismo sobre la sostenibilidad.

Más allá de identificar y sancionar a los responsables directos, es necesario repensar el enfoque gubernamental hacia el medio ambiente. Los incendios forestales no son un fenómeno aislado, sino una consecuencia de décadas de políticas neoliberales que han desmantelado la capacidad del Estado para proteger los bienes comunes.

Desde los movimientos sociales y comunidades afectadas, se exige un cambio estructural: mayor inversión en conservación, una transición energética justa y un enfoque de justicia ambiental que ponga a las personas y al planeta por encima de los intereses privados.

La recuperación no puede limitarse a apagar las llamas actuales; debe encender un debate nacional sobre cómo construir un Ecuador más resiliente y comprometido con la defensa de su riqueza natural y social.