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El concejal Julio Calero de Santo Domingo ha desatado una controversia al presentar una propuesta de ordenanza conocida como «Ley Mordaza», que busca restringir la libertad de expresión de la concejala Liliana Silva de Unidad Popular, quién ha venido desempeñando su trabajo en la fiscalización de la administración municipal. Esta acción surge después de que Silva denunciara públicamente el presunto mal manejo de recursos públicos por parte del alcalde Wilson Erazo, incluyendo la supuesta venta del aeropuerto local. La propuesta ha generado críticas y preocupaciones sobre el intento de controlar y sancionar la expresión disidente dentro del concejo municipal. Mientras tanto, la comunidad y grupos de derechos civiles han expresado su apoyo a Silva y han pedido transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. El debate sobre la «Ley Mordaza» continúa intensificándose en Santo Domingo, mientras se espera una decisión final por parte de las autoridades locales.

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