La revocación de la visa de Alondra Santiago: ¿un nuevo golpe a la libertad de expresión en Ecuador?

La reciente decisión de la Cancillería del Ecuador de revocar la visa de la periodista Alondra Santiago ha encendido un debate crucial sobre la libertad de expresión en el país. Esta medida, solicitada por el Ministerio del Interior, argumenta que Santiago ha cometido “actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”. Sin embargo, este caso plantea preguntas inquietantes sobre el verdadero motivo detrás de tal decisión y sobre el respeto a los derechos fundamentales en Ecuador.

Alondra Santiago informó sobre la revocación de su visa a través de sus redes sociales el martes 25 de junio, compartiendo capturas de un correo electrónico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con la notificación oficial, fechada el 24 de junio. La Dirección de Comunicación de la Cancillería confirmó la autenticidad del documento, señalando que la revocatoria está motivada por una solicitud del Ministerio del Interior y del CIES, conforme a los artículos 67 y 68 de la Ley de Movilidad Humana.

En la resolución, el Viceministro de Seguridad Ciudadana afirmó que Santiago ha realizado actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado. Sin embargo, los detalles específicos de dichos actos aún no han sido revelados, a pesar de las solicitudes de información explícita a la Cancillería ecuatoriana. La falta de transparencia en este proceso sólo aumenta las sospechas sobre una posible represalia política.

El contexto de esta controversia se remonta a un video publicado por Santiago el 31 de mayo, en el que, entonando una estrofa del himno nacional ecuatoriano, criticaba duramente al Gobierno de Daniel Noboa. En el video, Santiago acusó al presidente de no saber gobernar y de ocultar información importante al país, además de abordar problemas graves como la delincuencia y la gestión ambiental. Este video, aunque polémico, no parece constituir una amenaza directa a la seguridad pública o a la estructura del Estado, sino más bien un ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

La revocación de la visa de Santiago no es un caso aislado. Recientemente, tres periodistas de un canal de televisión también fueron censurados, evidenciando una tendencia preocupante hacia la represión de voces críticas. Este patrón de comportamiento gubernamental sugiere un intento de silenciar la disidencia y controlar la narrativa pública, en detrimento de la democracia y la libre expresión.

La reacción de Alondra Santiago ante esta decisión fue contundente: «Ante el abuso y poder desmedido, será la justicia quien ponga freno a esta arbitrariedad». Su declaración refleja la determinación de luchar contra lo que ella y muchos otros consideran un acto de injusticia.

El derecho a la libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Silenciar a una periodista por sus críticas al gobierno, bajo pretextos vagos y sin proporcionar pruebas claras, sienta un precedente peligroso. Si bien es comprensible que un gobierno busque mantener la seguridad pública, es imperativo que no se utilicen estos argumentos para justificar la censura y la represión política.

Es vital que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional mantengan una vigilancia estrecha sobre este caso y otros similares. La libertad de expresión no debe ser negociable, y cualquier intento de socavarla debe ser enfrentado con firmeza y solidaridad.

La justicia ecuatoriana tiene ahora la responsabilidad de revisar este caso con imparcialidad y transparencia, garantizando que los derechos de Alondra Santiago sean respetados y que cualquier decisión esté respaldada por pruebas concretas y no por motivaciones políticas. La salud de una democracia depende de su capacidad para tolerar y responder a las críticas, no de su habilidad para silenciarlas.