La Fiscalía de Ecuador ha emprendido una investigación tras la muerte por asfixia de la subteniente Ati Gavilánez Aidita Pamela, ocurrida en un cuartel militar de la Amazonía. En las primeras diligencias, se detuvo momentáneamente a 18 militares, según trascendió este domingo, dejando en evidencia una alarmante realidad: la inseguridad dentro de una institución cuya misión es precisamente garantizar la seguridad de la nación.
El Ejército ecuatoriano informó mediante un comunicado que la Fiscalía retuvo por ocho horas a 18 personas pertenecientes a la institución, en cumplimiento de las diligencias emprendidas por el Ministerio Público. Este hecho subraya una preocupante paradoja: incluso en el seno de una entidad encargada de la protección y seguridad, se produce un nuevo feminicidio, evidenciando fallos en la protección de sus propios miembros.
El 29 de junio, la Fiscalía confirmó la muerte por asfixia de la subteniente Gavilánez, quien pertenecía al Comando de Apoyo Logístico Nº 19. Su cuerpo fue hallado en el dormitorio del personal femenino del Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana, y el reporte inicial indica que la causa del deceso fue «asfixia producida por una obstrucción de vía aérea mientras dormía».
La fiscalía general del Estado, a través de un mensaje en la red X, informó que aplicará un protocolo de investigación para feminicidios en este caso. «Fiscalía practica diligencias, tras conocer sobre la muerte de una oficial del Ejército Ecuatoriano, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de asfixia», escribió el Ministerio Público, reafirmando que se aplicará el protocolo para investigar feminicidios y otras muertes violentas de mujeres.
Horas más tarde, la Fiscalía anunció la instalación de una audiencia de formulación de cargos contra cuatro militares por su presunta participación en el feminicidio de la subteniente Gavilánez, quienes serán procesados en calidad de autores y coautores del delito.
El Ejército, en su comunicado, afirmó que continuará actuando con total transparencia para asegurar que este acto repudiable no quede en la impunidad y que los responsables sean juzgados con el máximo rigor de las leyes ecuatorianas. Sin embargo, la tragedia de la subteniente Gavilánez pone de manifiesto la necesidad de revisar y reforzar las medidas de seguridad dentro de las instituciones que, paradójicamente, tienen la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, incluidos sus propios integrantes.
Este nuevo caso de feminicidio dentro de las filas del Ejército ecuatoriano genera un profundo cuestionamiento sobre las garantías de seguridad y protección que deben prevalecer en todas las esferas de la sociedad, y subraya la urgencia de medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas.