Ecuador enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes debido a la elevada deuda que el Estado mantiene con las clínicas y hospitales privados. Según la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe), al 30 de noviembre de 2023, la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con estas entidades ascendía a alrededor de $290 millones, mientras que la del Ministerio de Salud Pública (MSP) superaba los $139 millones, sumando un total de más de $430 millones.
En un comunicado emitido en mayo de 2024, Achpe denunció que tanto el IESS como el MSP carecen de propuestas para realizar pagos significativos, reducir la deuda acumulada o detener su incremento. Esta situación ha llevado a las clínicas, hospitales y centros especializados de diálisis que atienden a los afiliados del IESS y a los pacientes con cobertura del MSP a enfrentar una grave iliquidez. La prestación de servicios de salud no ha sido compensada oportunamente, lo que ha originado una deuda creciente día a día, superando con creces los pagos recibidos.
Achpe subrayó que los servicios hospitalarios públicos no pueden cubrir la demanda creciente de la población, lo que se traduce en largas listas de cirugías atrasadas, citas médicas postergadas y una escasez de recursos que impide a estos centros operar a plena capacidad. Esta situación persiste a pesar del gran esfuerzo de sus funcionarios.
La situación es particularmente grave para los 19,400 pacientes renales en Ecuador que dependen de la diálisis, de los cuales el 95% recibe hemodiálisis y debe asistir a una clínica al menos tres veces por semana. El bloqueo de vías y la falta de pagos ponen en riesgo sus vidas. La falta de recursos y el endeudamiento impiden a las clínicas privadas operar de manera adecuada, lo que podría tener consecuencias fatales para estos pacientes.
El 26 de abril de 2024, el gremio de la salud privada presentó un alegato ante la Corte Constitucional para que verifique el cumplimiento de la sentencia n.º 16-16-JC/20 emitida el 30 de septiembre de 2020. En dicha sentencia, se determinó que el MSP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deben coordinar eficazmente para garantizar el financiamiento oportuno y regular de la política pública, incluyendo los pagos a los establecimientos privados que prestan servicios de diálisis.
Esta crisis no solo pone en peligro la vida de miles de pacientes renales, sino que también revela la falta de planificación y compromiso del Estado para solucionar los problemas financieros que afectan al sistema de salud. Las clínicas y hospitales privados, que han sido un pilar fundamental para la atención de salud en Ecuador, ahora se ven al borde del colapso debido a la falta de pagos del Estado.