FUT denuncia regresión en derechos laborales tras eliminación de la bonificación por desahucio a servidores públicos

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ha expresado su enérgico rechazo a la reciente resolución de la Corte Nacional de Justicia, que elimina el pago de la Bonificación por desahucio a los trabajadores del sector público que opten por el retiro voluntario. Esta decisión, fue tomada el 22 de enero de 2025, con el voto mayoritario de los jueces de la Corte de Justicia, quienes consideran que los trabajadores se beneficiarían «dos veces» al recibir tanto la bonificación por retiro voluntario como el bono por desahucio.

Según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, los servidores públicos que decidían retirarse voluntariamente, tras haber cumplido con su tiempo de servicio, tenían derecho a recibir una bonificación por desahucio equivalente al 25 % de su último sueldo por cada año de trabajo completo. Con esta nueva resolución, se ha eliminado dicho beneficio, lo que ha generado gran preocupación entre los sindicatos.

El FUT, agrupación que representa a varias centrales sindicales, ha calificado esta decisión como una regresión de los derechos laborales. Según su postura, la eliminación de este derecho vulnera principios fundamentales de la Constitución y discrimina a los trabajadores, afectando negativamente su bonificación jubilar y bienestar.

En respuesta, el FUT ha anunciado que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con el fin de revertir esta medida. La organización reafirma su compromiso de seguir luchando por la justicia, la igualdad y los derechos de los trabajadores del país, y asegura que no cesará en su defensa de los derechos laborales que se consideran esenciales para garantizar una jubilación digna.

La eliminación del desahucio es un tema que sigue generando debate en el país, con diversas organizaciones sindicales y de trabajadores que exigen al gobierno reconsiderar esta medida que, según argumentan, afecta de manera directa la calidad de vida de los servidores públicos al momento de su jubilación.