Estudiantes argentino protestan por los ajustes presupuestarios de Javier Milei

El recorte a la educación pública impulsado por el presidente Javier Milei ha provocado una oleada de protestas en todo el país, con estudiantes de universidades nacionales tomando las facultades y trasladando sus clases a las calles en señal de rechazo. La medida que desató la indignación fue el reciente veto presidencial a una ley aprobada por el Congreso, la cual declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario y garantizaba un aumento en los recursos destinados a las casas de estudio.

En Buenos Aires, el epicentro de las movilizaciones ha sido la Universidad de Buenos Aires (UBA), históricamente un bastión del pensamiento crítico y de las luchas sociales. Allí, estudiantes de facultades como Ciencias Exactas, Derecho, Medicina, Psicología, Filosofía y Letras, entre otras, decidieron en asambleas ocupar las instalaciones durante 24 a 72 horas, exigiendo que se revierta el veto y que se defienda la educación pública. Esta medida ha sido replicada en más de 20 universidades de distintas provincias, evidenciando el alcance de la resistencia al ajuste neoliberal de Milei.

El gobierno, en lugar de atender los reclamos legítimos de estudiantes y docentes, ha optado por el discurso del ajuste y la austeridad. El veto a la ley presupuestaria se justificó bajo la excusa de que era «insostenible» en el marco de su política de «déficit cero». Lo que Milei y su equipo no mencionan es que la educación pública lleva años siendo desfinanciada sistemáticamente, y este recorte solo profundiza la crisis. Según un reciente informe de la UBA, la universidad enfrenta una reducción del 80% en términos reales en áreas clave como educación, salud y ciencia.

Milei, fiel a su discurso de corte libertario, ha intentado desviar la atención con declaraciones que buscan desacreditar a las universidades, afirmando que son utilizadas por la política para financiarse. Mientras tanto, su portavoz, Manuel Adorni, se ha sumado a esta narrativa al afirmar que la mayoría de los fondos asignados a las universidades no ha sido «rendido». Este ataque a las instituciones académicas públicas no es casual, sino parte de una estrategia más amplia de privatización y mercantilización de la educación, disfrazada bajo la supuesta transparencia financiera.

Lejos de ser un tema económico, lo que está en juego es el futuro de la educación pública en Argentina, uno de los pilares de igualdad y movilidad social en el país. Las y los estudiantes han dejado en claro que no están dispuestos a permitir que el ajuste neoliberal condene a las universidades a la precariedad. Por ello, las movilizaciones continuarán, y los gremios ya han anunciado una nueva jornada de lucha para el 17 de octubre, en la que miles volverán a las calles para defender la educación pública, gratuita y de calidad, frente a un gobierno que la pone en riesgo.

La ofensiva contra la universidad pública no es solo un ataque a las instituciones educativas, es un golpe a la clase trabajadora, a la juventud y a los sectores populares que ven en la educación pública la herramienta para construir un futuro mejor. Las aulas seguirán en las calles hasta que el gobierno retroceda.