Crisis laboral: desempleo juvenil y denuncias por impagos en el programa «Jóvenes en Acción»

El desempleo juvenil sigue siendo un problema crítico en el país. Según cifras oficiales, en 2024 la tasa de desempleo en jóvenes de 18 a 29 años alcanzó el 12,7%, lo que representó un incremento de 5,49 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Para 2025, aún no se han publicado datos oficiales, pero la falta de oportunidades laborales continúa afectando a miles de jóvenes que buscan su primer empleo o intentan salir de la informalidad.

De acuerdo con estimaciones, cerca del 45% de los jóvenes que logran conseguir empleo lo hacen en condiciones informales, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales, lo que limita sus posibilidades de desarrollo a largo plazo. A esto se suma la falta de acceso a educación y capacitación de calidad, lo que agrava la desigualdad social.

Uno de los programas que generó grandes expectativas fue «Jóvenes en Acción», impulsado por el gobierno de Daniel Noboa con la promesa de emplear a 83.000 jóvenes. Sin embargo, múltiples denuncias y protestas han evidenciado fallas estructurales en su ejecución. La iniciativa tuvo una duración de solo tres meses y dejó fuera a miles de aspirantes. Además, varios beneficiarios denunciaron impagos y condiciones laborales precarias.

Según testimonios difundidos en redes sociales y en manifestaciones públicas, algunos trabajadores fueron despedidos sin recibir sus salarios. Otros reportaron que, tras dos meses de trabajo, fueron notificados por correo electrónico que no cumplían los requisitos, lo que generó malestar e incertidumbre.

El programa no garantizaba estabilidad laboral, sino que se limitó a generar cifras de contratación a corto plazo, lo que ha sido calificado por sectores críticos como una estrategia populista sin impacto real en la reducción del desempleo juvenil. La falta de una política estructural para generar empleo digno y la ausencia de respuestas concretas del gobierno han intensificado el malestar social, evidenciado en protestas y acciones legales en contra del Estado.

A medida que crecen las denuncias, expertos en el tema insisten en la necesidad de implementar cambios estructurales en el mercado laboral y en la educación, para evitar que los jóvenes sigan siendo víctimas de programas temporales sin soluciones reales.