Crisis en el Sistema de Diálisis en Ecuador: Solo atenderán hasta el 25 de Julio por falta de pago

Las dializadoras y agrupaciones de pacientes renales de varias provincias de Ecuador han emitido una alerta urgente al Gobierno Nacional y al Presidente Noboa, exigiendo el pago pendiente de más de USD 225 millones. Esta deuda, acumulada desde junio de 2023, incluye más de USD 140 millones adeudados por el Ministerio de Salud Pública y más de USD 85 millones por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ante la falta de pago, las dializadoras han advertido que solo podrán atender a los pacientes renales hasta mañana, 25 de julio de 2024, debido a la escasez de insumos y medicamentos. «Por ello, instamos con urgencia a un diálogo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, que permita llegar a un acuerdo de pagos», se lee en el documento difundido por las agrupaciones afectadas.

El pasado 27 de junio, pacientes con insuficiencia renal se movilizaron en Guayaquil para exigir al Gobierno el pago de la deuda con las clínicas de diálisis. Estas manifestaciones también se replicaron en Quito, donde se realizaron varias protestas pacíficas en contra del Gobierno, demandando el cumplimiento de estas obligaciones financieras. La crisis de pagos no solo afecta a las dializadoras. Hace varias semanas, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) anunció la suspensión de la atención a pacientes derivados del IESS debido a la falta de pago por parte de esta entidad estatal. Esta situación ha exacerbado la preocupación entre los pacientes que dependen de estos servicios críticos.

Las dializadoras y las agrupaciones de pacientes renales hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para resolver esta crisis que pone en riesgo la vida de miles de ecuatorianos. La suspensión del servicio de diálisis no solo afecta la salud de los pacientes, sino que también podría tener consecuencias catastróficas para aquellos que dependen de este tratamiento para sobrevivir. La comunidad espera una respuesta inmediata y efectiva del Gobierno para asegurar la continuidad del servicio y evitar una crisis sanitaria de gran magnitud.