En un contexto marcado por el descontento social y las movilizaciones, la Corte Constitucional emitió el dictamen 11-24-EE/24, aclarando que el derecho a manifestarse pacíficamente no se encuentra restringido por el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el pasado 3 de octubre. Aunque las autoridades pueden limitar reuniones públicas ante amenazas de grupos armados o criminales, el dictamen subraya que estas medidas deben ser excepcionales, necesarias y proporcionales, preservando los derechos de libertad de reunión y expresión.

Sindicatos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras organizaciones sociales lideran este 21 de noviembre una jornada nacional de movilizaciones en diversas ciudades del país. Las protestas se centran en exigir soluciones inmediatas a la crisis energética, el aumento de la inseguridad y la gestión del gobierno de Daniel Noboa, al que acusan de inacción ante estos problemas.

En Quito, epicentro de las movilizaciones, el Centro Histórico fue cerrado al tránsito desde horas de la tarde. Autoridades desalojaron a ciudadanos, turistas y comerciantes de las inmediaciones del Palacio de Carondelet, utilizando vallas metálicas para bloquear el acceso a la Plaza Grande, donde estaba previsto el inicio de la marcha. Este operativo, que comenzó tres horas antes de la convocatoria, refuerza las medidas de seguridad adoptadas bajo el estado de excepción.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, recordó el 20 de noviembre que las restricciones del estado de excepción permiten limitar temporalmente la libertad de asociación en zonas específicas. Sin embargo, afirmó que hasta esa fecha no se habían presentado solicitudes formales para realizar manifestaciones, pese a los anuncios de movilización de organizaciones sociales.

La jornada de protestas refleja el creciente malestar de amplios sectores sociales que demandan respuestas concretas a problemáticas críticas. Aunque el gobierno asegura actuar en el marco de la legalidad, el pronunciamiento de la Corte Constitucional refuerza el derecho ciudadano a expresar su inconformidad de manera pacífica, incluso en momentos de emergencia nacional.

Este día podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y los sectores organizados, que exigen ser escuchados y priorizados.