La construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona ha desatado una ola de indignación y preocupación entre los habitantes de la zona, quienes denuncian que el proyecto pone en peligro la seguridad, el bienestar social y la economía local. Habitantes, estudiantes y empresarios se oponen rotundamente a una iniciativa que, afirman, sólo contribuirá a la expansión de la violencia y la desestabilización de la sociedad.

José Toapanta, prefecto de Napo, ha expresado su firme rechazo, advirtiendo que este nuevo centro penitenciario no solo traerá más inseguridad, sino que podría convertirse en un centro de narcotráfico y trata de personas, problemas que ya afectan a la región. La construcción de esta cárcel es vista por muchos como una medida que no responde a las verdaderas necesidades de la población, sino a una política punitiva que, lejos de resolver los problemas estructurales de violencia y pobreza.

El impacto de la cárcel, que se emplazaría cerca de importantes centros educativos y sociales, amenaza con destruir la armonía y el desarrollo del cantón. En sus cercanías se encuentran cuatro unidades educativas que albergan a más de 5.000 estudiantes, así como centros de desarrollo infantil, una escuela para personas con discapacidad, y el único centro gerontológico del cantón, que acoge a los abuelos de la comunidad. La construcción de la cárcel en esta ubicación pone en riesgo la seguridad y el bienestar de millas de personas.

Por ello, hacen un llamado urgente al diálogo y la reflexión a todas las autoridades involucradas: al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa, y a los responsables de las políticas de seguridad y urbanismo, para que reconsideren la propuesta y busquen alternativas que fortalezcan el desarrollo social y económico de Archidona, sin poner en riesgo la vida de sus habitantes. La resistencia de Archidona es, en última instancia, una lucha por una sociedad más justa, pacífica y solidaria.