En el Ecuador el narcotráfico y violencia crecen mientras el gobierno de Daniel Noboa permanece inactivo

El Ecuador atraviesa una crisis profunda y el país se convierte en un corredor clave del narcotráfico internacional, la violencia y la precariedad social alcanzan niveles alarmantes. El excanciller Guillaume Long advirtió que “la cocaína de Colombia que solía salir por el norte, ahora sale por el sur; los narcos cambiaron su estrategia debido al abandono estatal iniciado en la presidencia de Lenín Moreno. Las fuerzas del orden no controlan gran parte del territorio nacional”. Hoy, bajo el gobierno de Noboa, la situación no muestra signos de mejora: las rutas del narcotráfico siguen operando con impunidad, y la violencia se intensifica.

Informes del New York Times y medios locales confirman que hasta el 70 % de la cocaína mundial pasa por Ecuador, que se ha convertido en una “superautopista” del narcotráfico. La droga llega desde Colombia y Perú, utilizando puertos y rutas legales de exportación como fachada, mientras la debilidad institucional permite que bandas transnacionales y locales disputen territorio y mercados ilícitos.

La violencia se ha disparado en los primeros diez meses de 2025 se registraron más de 7.500 muertes violentas y 75 masacres, un incremento significativo respecto al año anterior. Expertos vinculan estos datos a la lucha por el control de rutas de tráfico y territorios donde el Estado tiene mínima presencia, una situación que no ha sido enfrentada con políticas contundentes por el gobierno de Noboa.

La crisis social añade otro factor de riesgo: el 24 % de la población vive en pobreza, más de la mitad de los trabajadores están en el sector informal, y el 36 % de los jóvenes desempleados donde nunca han tenido un empleo. Esta vulnerabilidad facilita que grupos criminales recluten jóvenes, perpetuando un ciclo de violencia y exclusión.

Organizaciones de derechos humanos como la UNE advierten que la falta de acciones concretas del gobierno actual refleja un abandono estatal continuado, que debilita la capacidad de controlar el crimen organizado y deja a amplios sectores de la sociedad desprotegidos.

Mientras la cocaína circula libremente por el país y la violencia se intensifica, el gobierno de Daniel Noboa mantiene una inacción preocupante, sin implementar estrategias eficaces para proteger a la población y recuperar el control territorial perdido.