Jubilación voluntaria de profesionales de salud y docentes se incrementa en cinco años, si desean compensación económica

UNE presentará una acción de inconstitucionalidad a la recientemente aprobada Ley de Integridad Pública.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la reciente Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025, que introduce cambios al artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

La modificación incrementa en cinco años la edad requerida para acceder a la jubilación voluntaria con compensación económica, afectando a profesionales de la salud y docentes. Así lo dio a conocer Andrés Quishpe, presidente de la UNE.

¿Qué implica la compensación?

Hasta antes de la reforma, los profesionales que cumplían 60 años de edad y contaban con al menos 360 aportes al IESS, podían acogerse a la jubilación voluntaria con una bonificación de cinco salarios básicos unificados (SBU) por cada año trabajado desde el quinto año, hasta un tope de 150 SBU.

“La compensación que pierden puede ser de hasta 150 salarios básicos unificados, que en 2025 supera los $7.800. Esta pérdida afecta no solo sus finanzas, sino su proyecto de vida tras años de servicio”, advirtió Andrés Quishpe.

La reforma eleva la edad mínima

Con el nuevo cambio legal, el requisito de edad para acceder a este beneficio económico pasa de 60 a 65 años.

“Eso significa que quienes tenían planeado jubilarse entre los 60 y 64 años, ahora deben esperar cinco años más para recibir el pago”, agregó.

Para el dirigente de la UNE, esta modificación representa una regresión en los derechos laborales de docentes y personal sanitario.

“Además, vulnera el principio constitucional de progresividad de derechos, porque afecta a quienes ya cumplían con los requisitos y tenían derecho a jubilarse”, acotó.

Quishpe también criticó la falta de diálogo previo a la aprobación de esta reforma, señalando que genera inestabilidad jurídica al modificar condiciones ya establecidas. En este contexto, anunció que la UNE tomará acciones legales en cuanto la normativa sea publicada oficialmente.

“Este cambio no solo posterga su retiro digno, sino que también impacta la calidad educativa, de salud y otros derechos y sectores al afectar la renovación generacional y el bienestar de quienes educan o atienden la salud”, puntualizó.