Leyes urgentes aprobadas por la AN

Por Remo Cornejo Luque

La Asamblea Nacional del Ecuador (ANE), de mayoría «genética» (entiéndase ADN), ya ha aprobado tres leyes enviadas con el carácter económico urgente: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, Ley Orgánica de Inteligencia, ambas «motivadas» con implicaciones importantes para la seguridad y defensa del país; y, ahora, la Ley de Integridad Pública, «motivada» para combatir la corrupción y fortalecer el sector público.

Ante los ojos, leve e insulso entendimiento, de los depositarios de la confianza al presidente Daniel Noboa Azín (DNA), esta legislación se enmarca en la edificación del «nuevo Ecuador», escenario que se debate en la creciente crisis de inseguridad, desempleo y económica.

Los trabajadores, organizaciones sociales y pueblos, vemos la otra cara, la verdadera esencia de estas leyes aprobadas en 13 sesiones, desde mayo hasta hoy, del pleno de la ANE.

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional fue aprobada el 7 de junio, y otorga a DNA amplios poderes para declarar y responder a un «conflicto armado interno». Dicho de manera cruda se promoverá el aumento de penas, fachada de legalidad a las operaciones de guerra, en especial, cuando se producen “daños colaterales”: muertes de civiles y daños a propiedad privada; uso directo de la fuerza del orden sin ser penalmente responsables, entre otras barbaridades.

La Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el 10 de junio, establece un marco jurídico para las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Dicho en otras palabras, los organismos de inteligencia no tendrán que pedir autorización judicial para interceptar llamadas telefónicas, abrir o interceptar documentos como parte de sus operaciones encubiertas; podrán detener a cualquier persona sin orden judicial; se da luz verde para las ejecuciones extrajudiciales en una franca violacion a los Derechos Humanos. Todo a nombre de dizque combatir el crimen organizado.

Y, ahora, la Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio, es lanzada como panacea para combatir la corrupción y fortalecer el sector público, pero su esencia apunta a asestar un duro golpe a los derechos de los trabajadores.

Esta norma contiene más de 20 reformas a cuerpos normativos que rebasan el Sistema Nacional de Contratación Pública, modifica, además, el Código de la Niñez y Adolescencia; el Código Orgánico Integral Penal; el Código de la Función Judicial; la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito; el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional; la Ley de Movilidad Humana, y más.

Se busca en esencia la injerencia en la Justicia; elimina la estabilidad de los trabajadores del sector público (elimina el art. 89 de la LOSEP); promueve los despidos masivos a través de la eliminación de las entidades gubernamentales; establece el endurecimiento de penas contra menores de edad infractores. Además, en su transitoria 11, señala que la Junta Financiera y Monetaria determinará en 3 meses qué cooperativas deben transformarse en Bancos, es decir, busca la apropiación y concentración monopólica del capital cooperativo en los grupos financieros más poderosos. Es más, en otra reforma se propone un nuevo perdón tributario del 100%, nuevamente el Estado se hace cargo de las deudas (Transitoria 13).

Así entonces el panorama de los derechos de los trabajadores se muestra sombrío, la política de ADN sigue favoreciendo a los grupos económicos de poder, mientras la educación sigue amenazada por los GDO y no es declarada en emergencia, al igual que la salud está abandonada, y los jefes de las mafias delincuenciales salen por la puerta ancha de las cárceles con la anuencia de un sistema carcelario, de las altas esferas de las FFAA y policía nacional, del sistema de justicia, ya que todos navegan en las aguas turbulentas y hediondas de la corrupción.

¡Los trabajadores y sectores sociales, debemos prepararnos para la gran resistencia popular!