El sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) atraviesa una profunda crisis de sostenibilidad. Actualmente, hasta el 70% de las pensiones se financian mediante subsidios estatales, una práctica que compromete las finanzas públicas y beneficia principalmente a los sectores más privilegiados.

Este modelo desigual favorece a jubilados con mayores ingresos, quienes obtienen pensiones significativamente altas en relación con sus contribuciones. Por el contrario, los sectores más vulnerables quedan relegados, evidenciando una brecha de inequidad en el manejo de los fondos previsionales.

La situación se agrava con el incremento de la informalidad laboral, que ha reducido drásticamente el número de afiliados activos que sostienen el sistema. Esta disminución de aportaciones, sumada a una deuda pública creciente, ha generado un déficit insostenible. Como resultado, el Estado se ve obligado a emitir bonos para cubrir los pagos pendientes, lo que profundiza el ciclo de endeudamiento y precariza aún más el futuro del IESS.

Más allá de ser un problema económico, esta crisis expone un modelo de pensiones desactualizado, incapaz de adaptarse a los desafíos actuales. Sin una reforma estructural que garantice equidad y sostenibilidad, el sistema del IESS no solo continuará en deterioro, sino que arrastrará consigo la estabilidad financiera del país.

Es urgente replantear las políticas de seguridad social, asegurar una mayor inclusión de afiliados activos y buscar alternativas para aliviar la dependencia del subsidio estatal. De lo contrario, el colapso del IESS no será solo una advertencia, sino una realidad inminente.