La crisis energética que afecta a Ecuador ha desatado una ola de críticas hacia el gobierno de Daniel Noboa, quien ha intentado atribuir los problemas actuales a administraciones anteriores. Sin embargo, la falta de medidas concretas para enfrentar el déficit energético y las decisiones que favorecen a intereses privados, han puesto en tela de juicio su capacidad de gestión.

A pesar de que especialistas en el sector eléctrico advirtieron a principios de 2024 sobre el colapso energético que se avecinaba en los meses de agosto, septiembre y octubre, el gobierno no tomó acciones decisivas. El mantenimiento del parque termoeléctrico, una medida clave para prevenir la crisis, no se concretó, y los recursos aprobados para tal fin en el presupuesto no fueron utilizados en su totalidad. A finales de 2023, técnicos propusieron un racionamiento eléctrico de hasta dos horas para preservar las reservas de agua en los embalses hidroeléctricos, pero el gobierno de Noboa no acogió esta recomendación, lo que resultó en la necesidad de comprar energía a precios exorbitantes a Colombia.

El precio de la energía importada alcanzó hasta 45 centavos por kilovatio/hora, en comparación con los 3.32 centavos que cuesta la generación hidroeléctrica local. Según denuncias, este acuerdo habría favorecido económicamente a autoridades ecuatorianas mediante presuntas comisiones ilegales.

Además, se ha reportado que los importadores de combustibles se han aprovechado de la crisis, vendiendo diésel a sobreprecios tanto a generadores particulares como al propio Estado, generando utilidades estimadas en más de 400 millones de dólares anuales. A esto se suma la intención del gobierno de privatizar la explotación del campo Amistad, un yacimiento de gas que podría triplicar la generación de la Termoeléctrica Machala, pero cuya explotación sigue en manos de intereses privados que dilatan su desarrollo.

Otro de los grandes beneficiarios de esta crisis energética son las empresas mineras, quienes pagan solo 5 centavos por kilovatio/hora, mientras que las familias ecuatorianas pagan hasta 9 centavos. Este subsidio millonario, según críticos, es una muestra de cómo el gobierno prioriza los intereses privados sobre el bienestar general, ya que solo una de estas empresas consume tanta electricidad como una ciudad de un millón de habitantes.

A la par, en la Asamblea Nacional se discute una reforma que permitiría la compra de energía, incluso si no es necesaria, lo que profundizaría la crisis energética y favorecería a sectores privados vinculados al círculo económico del presidente. Las denuncias de corrupción y la falta de acciones concretas colocan al gobierno de Daniel Noboa en una posición comprometida frente a la opinión pública, mientras la crisis energética sigue afectando gravemente al país.