Aumento de femicidios y violencia de género en Ecuador

Ecuador enfrenta una crisis de violencia de género sin precedentes, con 180 mujeres asesinadas en lo que va del año. El reciente informe de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios revela una realidad escalofriante: cada 36 horas una mujer es asesinada en el país por razones de género. Esta situación denuncia no solo la creciente inseguridad que enfrentan las mujeres, sino también la desprotección sistemática por parte de las instituciones encargadas de velar por sus derechos.

Entre los casos registrados, 96 fueron catalogados como feminicidios y 13 como transfemicidios, una muestra del alto nivel de violencia que sufren las mujeres cisgénero y transgénero. Además, 71 asesinatos se dieron en contextos de violencia criminal, lo que revela un vínculo entre la violencia de género y la criminalidad estructural en varias provincias del país.

La provincia de Guayas encabeza la lista con 50 casos de mujeres asesinadas, seguida de Manabí con 26 y Los Ríos con 20. La distribución geográfica deja en claro que esta violencia no es aislada ni casual, sino parte de un patrón sistemático que afecta tanto a áreas urbanas como rurales.

El impacto de esta violencia se extiende más allá de las víctimas directas. Hasta la fecha, 106 niños y niñas han quedado huérfanos por la muerte de sus madres a manos de feminicidas. Esto genera una crisis social en la que las familias de las víctimas, además de lidiar con el dolor, enfrentan un vacío de apoyo del Estado para las y los menores afectados.

Lo más preocupante es que 18 mujeres asesinadas ya habían denunciado la violencia que sufrían, y 3 de ellas contaban con boletas de auxilio, medidas que en teoría deberían protegerlas de sus agresores. Estos datos revelan fallos graves en el sistema judicial y de protección, incapaz de prevenir los asesinatos pese a las advertencias previas de las víctimas.

Ante esta tragedia, organizaciones feministas y de derechos humanos insisten en la necesidad de que el gobierno asuma su responsabilidad. Se exige la implementación inmediata de políticas públicas de prevención y protección efectiva, un monitoreo riguroso de los casos denunciados y la creación de centros de atención para mujeres en riesgo. La indiferencia institucional no puede seguir siendo la respuesta a la violencia extrema que viven las mujeres en Ecuador.

La sociedad civil demanda un compromiso real para frenar esta escalada de feminicidios. Las mujeres no pueden seguir siendo cifras en informes de violencia, mientras el Estado permanece ausente. Las voces de quienes claman por justicia no deben seguir siendo ignoradas. Es imperativo tomar medidas urgentes para garantizar que ninguna mujer más sea víctima de la violencia de género en el país.