Las calles de Quito y Guayaquil fueron escenario de protestas organizadas por pacientes renales y sus familiares, quienes exigieron al Gobierno el pago inmediato de una deuda millonaria que mantiene con más de 80 clínicas de diálisis en todo el país. Esta deuda, que asciende a 150 millones de dólares y representa 15 meses de tratamiento impago, ha dejado a miles de personas sin acceso a atención médica adecuada, provocando la muerte de cerca de mil pacientes en los últimos cuatro meses.

Con pancartas que llevaban mensajes como «Gobierno incompetente, la vida no espera», los manifestantes expresaron su desesperación frente a la negligencia estatal, que ha puesto en riesgo a unos 24 mil pacientes renales. Estos pacientes dependen de clínicas privadas que actualmente carecen de los insumos necesarios para ofrecer tratamientos de diálisis debido a la falta de financiamiento estatal.

En Guayaquil, Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis, alertó sobre el impacto fatal de esta crisis: «Entre 800 y mil pacientes han fallecido en los últimos meses porque no hemos tenido los recursos necesarios para atenderlos». Freire también destacó que, aunque el Gobierno anunció un cronograma de pagos en julio, el mismo resulta insuficiente para hacer frente a la emergencia sanitaria que afecta a los pacientes renales del país.

La deuda, que afecta a 86 clínicas especializadas, no solo compromete la calidad de vida de los pacientes, sino que pone en peligro su supervivencia. Ante la falta de respuesta efectiva por parte del Ejecutivo, los afectados demandan soluciones inmediatas y advierten que seguirán movilizándose hasta que sus derechos sean garantizados.

Una crisis de salud pública en aumento

La situación pone en evidencia la grave crisis que atraviesa el sistema de salud en Ecuador, donde los retrasos en los pagos y la falta de priorización de los servicios médicos han expuesto a miles de ciudadanos a una situación límite. Los pacientes renales, que dependen de tratamientos regulares para mantenerse con vida, han sido dejados de lado por un Estado que, hasta el momento, no ha tomado medidas suficientes para resolver la emergencia.

En un contexto de creciente precarización del sector salud, las protestas reflejan el malestar social ante la falta de una política sanitaria eficaz y transparente. Los manifestantes no solo exigen que se pague la deuda a las clínicas, sino que también abogan por un cambio en el modelo de salud que garantice un acceso equitativo y público a los tratamientos médicos.