El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, ha solicitado formalmente a la Contraloría General del Estado un examen especial para auditar los recursos que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha destinado a su pauta publicitaria en redes sociales y medios de comunicación. Este pedido surge tras conocerse que, en menos de un año de gestión, el gobierno ha invertido más de 7 millones de dólares en servicios de publicidad, una cifra alarmante considerando el corto periodo de tiempo en funciones.

Quishpe ha señalado que este gasto no solo es elevado, sino que además contrasta con la falta de recursos destinados a sectores cruciales como la educación y la salud, los cuales han sido marginados de una asignación presupuestaria justa. «Mientras la publicidad gubernamental goza de recursos ilimitados, las aulas carecen de insumos básicos y los hospitales siguen sin la capacidad para atender adecuadamente a la población», expresó Quishpe, enérgico en su crítica al mal uso de los fondos públicos.

Además, el líder de la UNE destaca que esta inversión publicitaria coincide con el contexto de una campaña electoral en puerta, lo que podría agravar aún más la situación presupuestaria para sectores sociales vitales. Aunque se espera una reducción general del gasto público por la coyuntura electoral, la publicidad parece estar blindada ante cualquier ajuste, favoreciendo una narrativa gubernamental que busca sostener su imagen pública en detrimento de las necesidades de la ciudadanía.

La denuncia del presidente de la UNE expone la creciente desconexión entre el discurso oficial y la realidad de miles de familias que dependen de servicios públicos debilitados. Mientras los millones fluyen para campañas de comunicación, la sociedad enfrenta una crisis de atención en áreas clave. «No se puede permitir que la imagen del gobierno tenga más prioridad que los derechos fundamentales de la gente», concluyó Quishpe.

La UNE y varios sectores sociales ya preparan medidas de presión para exigir que los fondos del Estado se destinen de manera equitativa, priorizando el bienestar de la población por encima de los intereses publicitarios.