Menores y jóvenes atrapados en redes criminales

Un alarmante incremento en la participación de menores de edad y jóvenes en la delincuencia organizada ha encendido las alertas en Ecuador. La edad promedio de ingreso a estas redes criminales es de apenas 14 años, aunque expertos indican que esta cifra podría estar disminuyendo.

Según datos recientes, uno de cada cuatro presos en el país tiene entre 18 y 29 años, y la mayoría proviene de los sectores más empobrecidos de la población. Esta situación refleja una profunda crisis social, donde la falta de oportunidades educativas y laborales ha dejado a miles de jóvenes vulnerables ante el reclutamiento del crimen organizado.

A pesar de los operativos gubernamentales contra las mafias, se observa que la mayoría de los detenidos son menores de edad o jóvenes, mientras que ninguno de los grandes cabecillas ha sido arrestado hasta el momento. Esto ha generado críticas hacia el sistema de seguridad y justicia del país.

El problema se agrava dentro del sistema penitenciario: el 30% de las personas encarceladas son reincidentes. Según analistas, las cárceles en Ecuador no cumplen con su función rehabilitadora, sino que se han convertido en espacios donde los reclusos perfeccionan sus habilidades delictivas.

En el ámbito social, las cifras también son desalentadoras. Más de medio millón de jóvenes no estudian ni trabajan en Ecuador, mientras 3,1 millones de niños, adolescentes y jóvenes se encuentran en riesgo de caer en la pobreza extrema. De estos, 300.000 han abandonado el sistema educativo, situación que los expone aún más a ser captados por redes criminales.

La pobreza multidimensional extrema afecta al 48,5% de los hogares con niños, según datos de UNICEF, lo que agrava aún más las condiciones de vida de esta población vulnerable. Expertos advierten que la falta de empleo, educación y un entorno de estabilidad es el caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento del crimen organizado.

El gobierno se enfrenta al desafío de abordar las causas estructurales que empujan a los jóvenes a la delincuencia y, al mismo tiempo, reformar un sistema penitenciario que, lejos de rehabilitar, está potenciando la criminalidad.