En un controvertido anuncio, la viceministra de Hidrocarburos, Cristina Mogollón, ha revelado que Ecuador recibirá una inversión privada de USD 41,500 millones en proyectos clave del sector hidrocarburos. Entre los proyectos destacados se encuentran el Suroriente, el Bloque Amistad, varias iniciativas Offshore, así como la optimización y exploración de yacimientos en los bloques petroleros 16 y 67. De este monto, solo USD 300 millones se destinarán a los bloques 16 y 67, recursos que, según se ha indicado, podrían incluso provenir del Estado.

El gobierno ha defendido estas inversiones privadas como una necesidad ante la falta de recursos públicos. Sin embargo, diversos analistas han señalado que estos proyectos, que cuentan con reservas probadas y producción garantizada, representan un negocio seguro y altamente rentable para las empresas privadas. Además, los contratos permitirán a estas empresas obtener hasta un 49% de participación en las ganancias, una cifra que asegura retornos significativos para el capital privado, mientras que los riesgos parecen ser mínimos.

Las autoridades han justificado la necesidad de esta inyección de capital privado en dos frentes: la falta de fondos estatales y la presunta ineficiencia de PetroEcuador. Sin embargo, expertos han cuestionado estos argumentos, sugiriendo que el Estado podría obtener los recursos necesarios para invertir en los bloques 16 y 67 mediante el retorno del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a manos públicas.

En cuanto a la crítica sobre la eficiencia de PetroEcuador, algunos observadores consideran que forma parte de una narrativa de desprestigio para allanar el camino a la privatización, beneficiando así a empresas privadas que accederán a negocios rentables sin asumir grandes riesgos.

En el caso de los bloques 16 y 67, los analistas argumentan que el Estado ecuatoriano podría gestionar estos recursos por sí mismo. Una inversión inicial de USD 300 millones, recuperable a una tasa de USD 210 millones anuales con un precio del petróleo de USD 75 por barril, demuestra que Ecuador tiene la capacidad de manejar estos activos estratégicos sin necesidad de ceder el control a entidades privadas.

Por otro lado, el campo Amistad, que produce gas, también se presenta como un activo altamente lucrativo. Mientras algunos oferentes privados buscan influir políticamente para asegurar contratos, queda claro que el Estado podría asumir esta inversión de USD 1,200 millones, reteniendo así todos los beneficios económicos.

El anuncio de la viceministra Mogollón ha encendido el debate sobre la dirección que el gobierno de Ecuador está tomando en el manejo de sus recursos estratégicos. Aunque las inversiones privadas se presentan como una solución financiera necesaria, las condiciones de los contratos plantean serias preocupaciones sobre la posible privatización de sectores clave y la pérdida de control estatal sobre recursos vitales para el desarrollo económico del país.