MILLONARIAS DEUDAS DEL GOBIERNO A GADS E IESS

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido el Decreto Ejecutivo 282, el cual permite la utilización de bienes del Estado para pagar la deuda que el Ejecutivo mantiene con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esta medida, anunciada el 28 de mayo de 2024, ha generado un considerable debate debido a la enorme deuda que el gobierno tiene con los gobiernos locales y entidades. Además, de ser criticada por su enfoque neoliberal, que parece privilegiar los intereses de la clase económica dominante en lugar de abordar las necesidades de la población más vulnerable.
El decreto instruye a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a identificar bienes estatales actualmente en posesión de entidades públicas que reciben ingresos del Presupuesto General del Estado. Estos bienes serán evaluados y potencialmente transferidos como forma de dación de pago por las deudas que el Ministerio de Finanzas tiene con los GAD y otras entidades.
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, ha destacado que el Gobierno Nacional tiene una deuda de 800 millones de dólares con los gobiernos locales. Esta deuda afecta la capacidad de los GAD para operar eficientemente y cumplir con sus responsabilidades, incluyendo el pago de salarios a trabajadores, la provisión de servicios esenciales, y la realización de proyectos de infraestructura.
La medida del presidente Noboa ha sido criticada por ser una solución que parece no abordar de manera adecuada las necesidades financieras de los gobiernos locales. Los críticos argumentan que la transferencia de bienes del Estado, en lugar de proporcionar los recursos financieros necesarios, es una solución insuficiente y que los gobiernos locales necesitan dinero en efectivo para operar de manera efectiva.
Los sectores de salud, educación y vivienda son especialmente afectados por la falta de recursos. Por ello, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reclama al Estado el pago de USD 5.012 millones por atenciones de salud de jubilados y de personas con enfermedades catastróficas.
Los ecuatorianos exigen que el gobierno de Noboa cumpla con sus obligaciones financieras hacia los gobiernos locales, garantizando así el funcionamiento adecuado de servicios esenciales y el bienestar de la población. La política de transferir bienes en lugar de proporcionar los recursos financieros necesarios pone en riesgo la estabilidad y el desarrollo de las comunidades en todo el país.