En un reciente giro de los acontecimientos, Ecuador se enfrenta a un nuevo escándalo de corrupción. El pasado martes 27 de agosto, se reveló que se han dejado caducar glosas por un total de 4.000 millones de dólares, un monto que ha sido calificado como el resultado de una combinación de negligencia y corrupción.

La polémica gira en torno a las administraciones anteriores, particularmente a la era del expresidente Rafael Correa, cuando los contralores Carlos Pólit y Pablo Celi estaban al frente de la Contraloría General del Estado. Durante el gobierno de Correa, surgieron serias dudas sobre la gestión de estos fondos, con alegaciones de que las movilizaciones de 2019, que incluyeron actos de violencia y el incendio de las instalaciones de la Contraloría, podrían haber sido utilizadas para ocultar documentos cruciales.

Aunque se aseguró que existían archivos digitales para respaldar la información, ahora se niega la existencia de estos registros, lo que ha encendido alarmas sobre una posible maniobra para encubrir la corrupción. Las versiones actuales del Contralor indican que la caducidad de estas glosas fue resultado de una acción deliberada por parte de Pólit, Celi y otros aproximadamente 20 funcionarios, quienes han sido reubicados o han renunciado a sus cargos tras las revelaciones.

Este nuevo escándalo ha reavivado el clamor popular por justicia, con la ciudadanía exigiendo que los responsables sean llevados ante los tribunales. La sombra de la corrupción que marcó la «Década Perdida» del correísmo sigue presente, y el pueblo ecuatoriano no descansará hasta que se haga justicia. La consigna es clara: “Prohibido olvidar”, y la demanda por transparencia y responsabilidad en la gestión pública sigue siendo una prioridad.