Vulneración de derechos a los contratos colectivos por parte del Gobierno

El 11 de junio, el gobierno aprobó el Acuerdo Ministerial 080 con el objetivo de combatir los “excesos” de los contratos colectivos. Sin embargo, este movimiento ha sido visto como un ataque directo a los derechos de los trabajadores, intensificando la ofensiva en su contra y menospreciando los derechos adquiridos por los empleados.

El gobierno ha difundido los ingresos considerados “exorbitantes” de ciertos empleados, como los de la Corporación Nacional del Ecuador (CNEL-EP). Según Roberto Luque, ministro encargado de Energía, existen disparidades significativas en los sueldos: “Hay gente que tiene 30 años de antigüedad que recibe más o menos USD 1.000 al mes, y una persona que también tiene 30 años recibe hasta USD 8.000”. Sin embargo, Luque resalta que estos casos corresponden a empleados con muchos años de antigüedad, beneficiarios de subsidios específicos.

Los críticos señalan que los verdaderos privilegiados son los funcionarios de libre remoción, pertenecientes al jerárquico superior y designados por el gobierno. Estos funcionarios, a menudo de manera ilegal e inconstitucional, se han integrado a los beneficios del contrato colectivo. Un ejemplo de ello es la mismísima ministra de Trabajo, quien, sin pertenecer al régimen del Código de Trabajo, se benefició fraudulentamente del contrato colectivo.

El artículo nueve del Acuerdo 080 establece que cualquier contrato colectivo que no cuente con el dictamen presupuestario “vinculante y obligatorio” del Ministerio de Economía y Finanzas será considerado inexistente y sin efecto legal. Esta disposición contraviene el espíritu de la norma constitucional, que prioriza el cumplimiento de los derechos sobre la ley, y sugiere la necesidad de derogar el numeral 17 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La aprobación del Acuerdo 080 no solo vulnera la contratación colectiva, sino que también representa una amenaza directa a los derechos laborales y la estabilidad económica de los trabajadores ecuatorianos.