Reforma abre la puerta a la entrada de buques, aeronaves y vehículos militares de EE.UU. en Galápagos

En una decisión que ha generado controversia, el Gobierno de Daniel Noboa ha reformado el Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y Maquinaria al Archipiélago de Galápagos, permitiendo el ingreso de buques, aeronaves y vehículos militares de Estados Unidos. Esta reforma, impulsada por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG), se enmarca dentro del Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular aprobado el 10 de diciembre de 2024.

El objetivo oficial es fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y EE.UU., bajo acuerdos ratificados desde los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y continuados en la administración de Noboa. Sin embargo, este paso ha desatado un debate sobre la soberanía nacional, la seguridad y, lo que es más crítico, la protección ambiental en un archipiélago reconocido por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

La reforma aprobada el 27 de diciembre de 2024 establece un procedimiento acelerado para la autorización del ingreso temporal de vehículos marítimos, aéreos y terrestres, en el marco de proyectos de seguridad. Esto se alinea con el «Estatuto de las Fuerzas» firmado con Estados Unidos, que garantiza la libre circulación de aeronaves, buques y vehículos militares estadounidenses en territorio ecuatoriano, exentos de impuestos, inspecciones y tasas portuarias.

Sin embargo, la exoneración de tasas aún está pendiente, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas debe emitir una resolución al respecto. A pesar de ello, la entrada de vehículos militares ya ha sido autorizada, lo que abre la puerta a la posible instalación de una base militar en Galápagos, un territorio que es vital para la biodiversidad global.

La reforma no solo pone en duda la soberanía de Ecuador sobre su propio territorio, sino que también plantea riesgos ambientales en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. La comunidad local y ambientalista ha expresado su preocupación por los posibles impactos negativos que esta reforma podría tener en el archipiélago, conocido por su singularidad biológica.

El Gobierno de Noboa, al parecer, ha priorizado los acuerdos de seguridad internacional, sin tomar en cuenta los riesgos que esta decisión podría significar para la conservación del medio ambiente y para la integridad de Galápagos como un santuario natural. La situación actual subraya una vez más que, en este Gobierno, la protección ambiental y la soberanía nacional parecen estar en un segundo plano frente a los intereses internacionales de seguridad.