Propuesta de aumento en la aportación al IESS genera preocupación por posible privatización y sus efectos sociales

Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha planteado una propuesta que ha inquietado a la ciudadanía. Se trata de un incremento progresivo en la tasa de aportación, pasando del 20.6% al 30%, una medida que impactaría significativamente a los contribuyentes, especialmente a aquellos cercanos a la jubilación y sin flexibilidad para ajustar sus finanzas ante cambios abruptos. Esta propuesta surge en medio de una crisis económica, agravada por el reciente aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15% en Ecuador, lo que presenta un desafío adicional para la población.

El anuncio de esta propuesta ha suscitado preocupación entre los ciudadanos, acentuada por otra iniciativa que busca fomentar la afiliación de personas entre 15 y 24 años, permitiéndoles aportar sin considerar las condiciones laborales por horas. Según Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, esta propuesta podría debilitar derechos laborales al permitir la afiliación voluntaria, comprometiendo beneficios fundamentales como los fondos de reserva, cesantía, pensión patronal, préstamos hipotecarios y quirografarios. Además, estas medidas precarizarían las condiciones laborales y afectarían a sectores clave como construcción, agrario, comercio y turismo.

Los ciudadanos manifiestan su inquietud ante la posibilidad de enfrentar mayores cargas financieras, ya que un aumento en las tasas de aportación implica destinar una parte sustancial de sus ingresos al IESS. Además, la propuesta de modificar la base de cálculo para la pensión, extendiéndola a los 30 años de aportación en lugar de los cinco mejores años de sueldos, genera preocupaciones adicionales sobre la suficiencia de los beneficios y las posibles dificultades para alcanzar una pensión digna.

En un escenario donde algunos podrían optar por dejar de afiliarse, se plantea el riesgo de privatización del IESS. Esto genera intranquilidad sobre la equidad en el acceso a la seguridad social, ya que la privatización podría beneficiar a los empresarios al obtener mano de obra a costos más bajos, potencialmente perjudicando a las clases sociales populares y a las personas adultas mayores. La propuesta de aumento de aportación no solo representa un desafío económico, sino que también suscita temores sobre las consecuencias sociales que podrían derivar de dicha medida.