En medio de las reformas propuestas por la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», conocida como «ley ómnibus», impulsada por el presidente Javier Milei, estudiantes ecuatorianos residentes en Argentina expresan su preocupación, especialmente por un punto que plantea la posibilidad de que las universidades públicas cobren a extranjeros no residentes por su formación académica.

La propuesta de Milei asegura que los estudios de grado en las universidades públicas seguirán siendo gratuitos para los argentinos y extranjeros residentes permanentes. Sin embargo, plantea la posibilidad de cobrar una cuota a extranjeros no residentes, aunque se contempla la implementación de un sistema de becas financiado por convenios con otros países o instituciones privadas extranjeras.

Según un informe de la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, en los años 2021-2022, 3677 ecuatorianos estudiaban carreras de pregrado en Argentina.
La devaluación continua del peso argentino frente al dólar ha sido un factor favorable para estos estudiantes que han podido costear sus gastos en Argentina con menos dinero del que necesitarían para educarse en una universidad privada en Ecuador, considerando que la educación en este último país es gratuita y de calidad.

El proyecto de ley de emergencia propuesto modifica la Ley de Educación Superior, asegura la gratuidad para argentinos y extranjeros con DNI argentino permanente, obtenido mediante la residencia permanente en el país, con requisitos que varían según la procedencia del migrante. Para los extranjeros con residencia temporal, el texto no establece automáticamente aranceles, sino que permite a cada universidad pública determinar si cobra o no.

Sin embargo, la incertidumbre generada por la posible implementación de esta ley puede generar desafíos para aproximadamente 3000 estudiantes ecuatorianos que no podrían continuar con sus objetivos educativos en Argentina si se llega a aplicar el cobro de aranceles a extranjeros no residentes. Esta situación no solo amenaza con frenar sus aspiraciones académicas, sino que también plantea la preocupación de que la accesibilidad a la educación superior en Argentina se vea comprometida para aquellos que buscan mejorar sus perspectivas profesionales y personales.