Noboa sube oficialmente la gasolina
A partir del viernes 28 de junio de 2024, el precio del galón de los combustibles Extra y Ecopaís se fijará en USD 2,72, conforme al Decreto Ejecutivo 308 promulgado por el presidente Daniel Noboa. Este ajuste, que representa un incremento significativo desde los USD 2,46 por galón, ha generado críticas y preocupaciones entre la población y diversos sectores de la sociedad.
Impacto Económico y Social:
El gobierno ha justificado esta medida como un ajuste necesario para alinear los precios locales con los valores del mercado internacional. Sin embargo, este aumento llega en un momento delicado para muchos ecuatorianos, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La subida en los costos de los combustibles se traducirá inevitablemente en un incremento del costo de vida, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos.
Mecanismo de Estabilización:
Según el decreto, se implementará un mecanismo de estabilización para que los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís no aumenten más de un 5% mensual ni disminuyan en más del 10%, basándose en las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. En caso de un incremento exponencial en los precios internacionales, el Estado ecuatoriano asumirá los costos adicionales mediante subsidios para evitar que los precios superen los márgenes establecidos. Aunque esta medida parece ofrecer una estabilidad superficial, la realidad es que podría ocultar futuras alzas que terminarían siendo asumidas por el Estado, incrementando la carga fiscal.
Medidas Compensatorias:
El gobierno ha anunciado un mecanismo de compensación para transportistas, incluyendo taxis, tricimotos y camionetas comunitarias, con el objetivo de evitar un aumento en las tarifas de transporte para los usuarios. No obstante, esta medida ha sido vista como un paliativo temporal que no aborda el problema de fondo del impacto económico generado por el aumento de los combustibles.
Reacciones y Críticas:
Diversos analistas y representantes de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de alternativas sostenibles y de largo plazo en la política energética del gobierno. La dependencia en los precios internacionales del petróleo y la ausencia de inversiones en energías renovables dejan al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado global.
La responsabilidad de regular y controlar estos ajustes recae en el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Sin embargo, la falta de detalles específicos sobre cómo se implementarán estas regulaciones y se garantizará la transparencia en el uso de subsidios y compensaciones genera desconfianza y escepticismo entre la ciudadanía.
El aumento de los precios de los combustibles bajo la administración de Daniel Noboa plantea serias interrogantes sobre la gestión gubernamental y su capacidad para mitigar los impactos económicos en la población. Las medidas anunciadas, aunque necesarias en el corto plazo, requieren una ejecución eficiente y transparente para evitar mayores descontentos y asegurar que realmente beneficien a la ciudadanía sin generar cargas adicionales. La situación exige una reevaluación de las políticas energéticas a largo plazo para garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sector.
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