Militares acusados del asesinato de Aidita Ati recibirán medidas alternativas y saldrán de prisión

El 12 de agosto de 2024, en una audiencia judicial, una jueza concedió medidas alternativas a los cuatro oficiales del Ejército imputados por el asesinato de la subteniente Aidita Ati. Estas medidas incluyen presentarse tres veces por semana en la Fiscalía de Orellana y prohibición de salida del país. Los militares también volverán a trabajar en el Fuerte Militar Napo, sitio del crimen, bajo supervisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar.

Los oficiales implicados son el mayor Xavier Alejandro Pinoargote Vázquez, el mayor Freddy Santiago Quintanilla Ayala, el teniente John Jairo Mena Mendoza y el subteniente Ángel Eduardo Jiménez Orozco. Inicialmente, los acusados contaron con medidas alternativas, pero la Fiscalía apeló y, el 17 de julio, una jueza especializada en Violencia Contra la Mujer de Orellana les impuso prisión preventiva, permaneciendo detenidos en la cárcel 4 de Quito.

La Fiscalía, tras sus investigaciones, determinó la presencia de los cuatro oficiales en el dormitorio el día del fallecimiento de Ati, de 25 años, cuyo cadáver fue hallado en su cama con signos de estrangulamiento. El informe médico legal mostró múltiples lesiones, indicando que fue sometida por varias personas, y confirmó violación debido a «fisuras» encontradas en sus partes íntimas.

Los familiares de la subteniente Pamela Ati, visiblemente afectados, exigen justicia por la trágica muerte. Manifestaron su preocupación por la seguridad dentro de las Fuerzas Armadas y reclamaron que este femicidio no quede impune, resaltando la gravedad de que un crimen de tal magnitud haya ocurrido en una entidad que debería garantizar protección y seguridad a sus miembros.