LA POLÍTICA DEPREDADORA DE NOBOA

Por Xavier Andocilla R.

En el lapso de 6 meses de mandato de Daniel Noboa, se pueden resaltar tres aspectos que han caracterizado su gobierno. Pues, encontramos un primer mandatario manipulador y mentiroso que distorsiona la información para justificar sus decisiones; un presidente prepotente que, sin importarle nada, impone sus intereses particulares y partidistas por encima de sus mandantes; y un gobierno depredador de los recursos naturales. Esta última característica es la razón de este artículo, ya que el gobierno de Noboa pretende acabar con los recursos naturales del Ecuador. Quiere liquidar la fauna y la naturaleza de nuestro país con el propósito de enriquecer las arcas de la familia Noboa y el grupo económico Nobis.

La misión de Daniel Noboa es enriquecer a los grupos económicos de derecha, y lo pretende hacer a costa del empobrecimiento de la población ecuatoriana, arruinando las condiciones de vida de los habitantes del Ecuador y depredando cada uno de los lugares, sin importarle las repercusiones sociales y ambientales que se generen.

Es decir, la depredación de los recursos del Ecuador es una política gubernamental y no una distorsión de la realidad, como señala Irene Vélez, actual Secretaria de Comunicación de la Presidencia del Ecuador, quien con tal afirmación insulta la inteligencia del pueblo ecuatoriano; así como tampoco es una campaña anticipada de las elecciones del 2025, como fueron las afirmaciones desatinadas del presidente Daniel Noboa.

Analicemos algunos hechos en los que se configura el fortalecimiento de la política de saqueo que se impulsa desde el gobierno. Por razones metodológicas, analizaremos desde las medidas más recientes hasta las más antiguas y cómo estas han repercutido en la población ecuatoriana.

Depredación del manglar de Olón

La empresa Vinazin S.A., cuya accionista mayoritaria es “La primera Dama” Lavinia Valbonesi, intenta construir el proyecto inmobiliario ECHO, en Olón, Santa Elena. El proyecto se pretende realizar en el estero, declarado por el Ministerio de Ambiente como área protegida desde el 30 de noviembre de 2001, cuando el gobierno de Gustavo Noboa declaró a este sitio como “área de bosque y vegetación protectores” y esta medida se reafirmó con la sentencia de la Corte Constitucional de septiembre de 2021, que restringe las construcciones en zonas de manglar.

El sitio en controversia se encuentra ubicado en el lindero sur del sector Oloncito, población de Olón, parroquia Manglar Alto, que está situado en la provincia de Santa Elena. El Esterrillo de Oloncito es una zona de manglares y algarrobos que protegen a la población de severas inundaciones en épocas de lluvias. Por lo tanto, se ha señalado que barrios como Guarúa, Narcisa de Jesús, Acacias y Laureles se encontrarían en peligro si se atenta contra el ecosistema de la zona de Oloncito.

Los mayores cuestionamientos que se han presentado tienen que ver con presuntos delitos contra la naturaleza y los daños ambientales, y de tráfico de influencias, ya que se encuentran involucrados desde la esposa de Daniel Noboa, Lavinia Valbinesi, ministros como, por ejemplo:

• Roberto Luque, ministro de Transporte y obras públicas, actual ministro de Energía, es accionista de Geosísmica, empresa responsable del Informe de Factibilidad del proyecto Echo, en septiembre de 2023. Son los que justifican la implementación del proyecto inmobiliario de la empresa, de la cual es accionista mayoritaria, la Primera Dama.
• Mónica Palencia, actual ministra de Interior del gobierno de Noboa, recibió un poder de representante legal de Vinazin S.A. en el año 2022, para “que de manera individual o conjunta realice todas las diligencias legales y administrativas pertinentes para obtener la aprobación y registro de la reforma del objeto social y del estatuto social” de la compañía.
• María Beatriz Moreno, actual directora Nacional del movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN), que llevó a Daniel Noboa a la Presidencia y es actualmente gerente de la empresa Vinazin S.A. como se encuentra señalado en el registro de Compañías.

Pero la mayor involucrada en el caso de Olón es la ministra de Ambiente Sade Fritschi, quien aprobó el registro ambiental para la construcción del proyecto ECHO el 5 de diciembre de 2023, solo a 12 días después de la posición en la presidencia de la república de Daniel Noboa. El informe fue suscrito por una dirección zonal del Ministerio, ya bajo el mando de Sade Fristschi, quien fue nombrada al frente del Ministerio del Ambiente desde el 23 de noviembre.

Minería en Palo Quemado

Palo Quemado es un territorio de no más de 12.700 hectáreas, ubicado en el extremo centro-sur del cantón Sigchos. Tiene ocho comunidades indígenas y hay una en particular donde se hallaron yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. El sector de Palo Quemado tiene como principal base económica la producción de sistemas agropecuarios en los cuales se desarrollan cultivos como la caña de azúcar, naranjilla, camote, yuca, papa china, limón, naranja, plátano, tomate de árbol y zapallo.

La generación de la minería destruiría la tierra y quitaría la única fuente de empleo que tiene muchos de los habitantes de la zona. Es decir, la implementación de la minería no generaría empleo para los habitantes de Palo Quemado, sino que más bien quitaría la única fuente de sustento de las familias de Palo Quemado, que es la agricultura. Esa realidad también afectaría a las poblaciones aledañas, ya que los productos que se producen en la zona dejarían de existir o se encontrarían contaminados por los efectos de la minería.

La construcción del proyecto minero necesita la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pero esta licencia depende de que la Cartera de Ambiente socialice el proyecto con la comunidad. Este trámite se inici

ó en junio de 2023 y desde entonces está paralizado debido a la oposición de los habitantes de la parroquia. En un intento por avanzar con la consulta ambiental del proyecto, el ministerio acudió a Palo Quemado el pasado 15 de marzo de 2024. Ese día se registraron nuevos enfrentamientos que han subido de tono con los días.

Los pobladores de Palo Quemado han sido víctimas de una alta acción de represión por parte de la empresa canadiense Ático Mining -que tiene una concesión minera y una inversión prevista por USD 100 millones- y el Estado. Esto comenzó con la presencia de grupos paramilitares contratados por las empresas mineras, días después se produjo una militarización de la zona de Palo Quemado y se acusó a 70 habitantes como terroristas, se agredió a los pobladores con golpes, gases lacrimógenos y otros artefactos, se les quitó el agua a los ciudadanos de la zona y uno de los habitantes se encuentra en graves condiciones de salud, producto de las agresiones por parte de las fuerzas militares.

El Gobierno insiste a toda costa en impulsar el proyecto minero en Palo Quemado y eso se produce por dos causas: La primera tiene que ver con la imposición de las políticas Neoliberales por parte del gobierno de Daniel Noboa, quien se ha convertido en el principal alfil del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La segunda razón, que ha sido denunciada por diferentes organizaciones y líderes sociales, tiene que ver con los intereses económicos que tiene el presidente y el grupo monopólico al que pertenece, ya que el Grupo Noboa tiene participación en los proyectos Curipamba, Pujilí y Santiago, de Adventus Mining Company. Más de un millón de hectáreas están concesionadas a las empresas mineras, y en 138.798 ha tiene injerencia la familia del Primer Mandatario.

Conflicto en Engabao

La comuna costera, ubicada en el cantón General Villamil (Guayas), se convirtió en el centro de disputas por tierras. La tarde del sábado 18 de noviembre del 2017, un grupo de comuneros de Engabao denunció la supuesta invasión de sus predios.

El área en conflicto tendría una extensión de 288 hectáreas y el problema se encontraba entre comuneros y al menos tres empresas asentadas en el lugar. En el 2015 existió un rechazo a los proyectos inmobiliarios que produjo que se quemen casas prefabricadas que habían sido instaladas por la empresa Vimare. Sí, la misma empresa, que en la actualidad tiene problemas en Olón y en denuncias anteriores, la compañía del Grupo Noboa ha indicado que es “legítima propietaria” de las haciendas Merceditas 1 y 2, ubicadas entre las comunas Engabao y Engunga, con 174 hectáreas y 228 hectáreas, respectivamente.

En agosto del 2017, pobladores de Engabafo hicieron un plantón en la Corte Constitucional en Quito para reclamar su derecho sobre ese territorio ancestral. Según un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Corte “emitió un dictamen a favor de la comuna Engabao el pasado 11 de julio de 2017, mediante Acción de Protección, que frenó las demandas contra los comuneros y ratificó la propiedad ancestral de 7 427 hectáreas de tierras”.

Irrespeto a la voluntad popular

El gobierno de Noboa ha pretendido irrespetar las decisiones de los ecuatorianos que se impulsaron en las Consultas Populares, en las que los sectores populares se opusieron a proyectos mineros o petroleros.

Es así que a toda costa buscó que no se detenga la explotación petrolera en el Yasuní, a tal punto que señaló, en varias ocasiones, que se mantendría la explotación del petróleo en esa área y que se impulsaría una moratoria de la explotación en el ITT de tres o cinco años.

Asimismo, en los últimos días se ha pretendido declarar la inconstitucionalidad de la consulta popular del 2019, en donde el 89,79% de la población se opuso a la minería en el cantón Girón de la provincia de Azuay.

A manera de conclusión

Todos estos hechos confirman que la política del gobierno ha sido la de impulsar el saqueo y la depredación de los recursos naturales, con la finalidad de acrecentar las arcas de la familia Noboa, sin importarles las condiciones de vida de los pobladores de las zonas en las que pretenden desarrollar estos proyectos.

En segundo lugar, todos estos proyectos han tenido el acompañamiento, por un lado, de la Policía Nacional y del Ejército, con la finalidad de imponer bajo el fusil y la presión el desarrollo de estos proyectos, convirtiendo a estas dos instituciones en la guardia privada del primer mandatario. En tercer lugar, estos proyectos han sido acompañados por una fuerte acción mediática que busca deslegitimar a los luchadores y las razones de la lucha de los ciudadanos en las zonas de ingerencia. Es así que, desde el Gobierno, se ha manipulado las noticias para que no salgan a la luz pública los hechos que se han desarrollado, por otro lado, imponen un framing para que los medios de comunicación generen un relato a favor de la explotación de los recursos naturales y de criminalizar a quienes se oponen.