En un ambiente cada vez más tenso, la Asamblea Nacional podría dar un paso decisivo tras recibir un informe de la comisión especial que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno. Este documento sugiere nada menos que el juicio político de tres ministros del gabinete de Daniel Noboa y del presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), poniendo a estos funcionarios en el ojo del huracán.

Los hallazgos del informe pintan un panorama sombrío en el sector de la salud pública. Según la comisión, los hospitales del país están operando con apenas un 30% a 38% de su presupuesto anual ejecutado, dejando a su paso equipos médicos inservibles, quirófanos cerrados y áreas de hospitalización que parecen haber sido olvidadas. Para quienes dependen del sistema público, la falta de personal y las infraestructuras deterioradas no son solo números, sino una realidad angustiante.

En la provincia de Santa Elena, la construcción de la Cárcel «El Encuentro» ha estado bajo la lupa por presuntas irregularidades en su proceso de contratación. Sin embargo, la investigación se ha visto obstaculizada por la negativa del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) a proporcionar la información solicitada, alegando que es «confidencial». Este silencio ha generado sospechas y ha alimentado las críticas sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Un cambio en la empresa encargada de proporcionar el desayuno escolar ha despertado serias dudas sobre posibles conflictos de interés. La nueva adjudicataria, que tiene conexiones familiares con el presidente Daniel Noboa, ha puesto en entredicho la imparcialidad del proceso. La ministra de Educación, Alegría Crespo, fue llamada a dar explicaciones, pero la comisión ha calificado sus respuestas como «incompletas y engañosas», lo que ha avivado aún más las sospechas.

La contratación de una barcaza de generación eléctrica también se ha visto envuelta en controversia. El informe sugiere que hubo irregularidades en la forma en que se llevó a cabo el proceso, desde la convocatoria hasta la adjudicación. Este caso, aunque técnico en apariencia, podría tener profundas implicaciones para la confianza pública en la gestión del gobierno.

Lo que más preocupa a la comisión, sin embargo, es la aparente falta de colaboración de los ministros involucrados y del presidente del IESS. A pesar de ser citados repetidamente, no comparecieron ante la comisión, lo que ha sido interpretado como una falta de respeto al proceso democrático y una señal de que algo podría estar siendo ocultado.

Ahora, el informe será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá si se procede con los juicios políticos recomendados. Este momento crucial podría definir el rumbo del gobierno de Noboa, enfrentando su gestión a un escrutinio sin precedentes. Los ecuatorianos estarán atentos al desenlace, pues lo que está en juego no es solo el futuro de algunos ministros, sino la confianza en las instituciones que deberían proteger sus intereses.